Las restricciones a la compra de dólares tienen un nuevo protagonista excluyente: Tierra del Fuego.
El gobierno les pidió a las empresas allí instaladas que demoren el pago a sus proveedores internacionales y se acumulan deudas por us$ 810 millones.
Las causas son múltiples pero hay en juego 13.000 puestos de trabajo. La gravedad es tal que el propio titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, denunció que hay 3000 contratos latentes.
Lo que viene en una fórmula de ensamblado que corre serios riesgos en el largo plazo.