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Baltasar Garzón Real, inhabilitado por 11 años para ejercer como juez en España, tras ser condenado por prevaricato y por haber ordenado escuchas telefónicas ilegales, recibió en 2012 de manos de Cristina Fernández la residencia temporal y su DNI argentino. Había sido contratado como asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y mediante el decreto 2319/2012, Cristina lo designó coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos con cargo "extraescalafonario", rango de subsecretario de Estado y un ingreso de $72.000.
