“Cuando el río suena, agua lleva”, dice un viejo refrán. Desde hace semanas, tal como había anticipado El Cronista a principio de mes, se habla -cada vez con más fuerza- del plan del Gobierno de vender las acciones que la Anses posee dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para hacerse de plata fresca y afrontar así sentencias a favor de jubilados. Se avance o no con la iniciativa, lo cierto es que ya hay interesados en el tema, y esto trae a colación una pregunta básica: qué mayoría necesita el macrismo para avanzar en esta iniciativa.
La pregunta surge porque para poder avanzar, el Gobierno debería derogar primero una vieja ley que aprobó el kirchnerismo a partir de la cual se creaba la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE). La normativa establecía que el Estado no podía vender esas acciones si no contaba con dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, sí se podría derogar la ley con mayoría simple.
Y esto que a priori parece una contradicción, no lo es. Consultado por Cronista.com así lo define el abogado Constitucionalista Pablo Tonelli, “que la ley diga que para vender las acciones de la Anses se necesitan dos tercios de ambas cámaras del Congreso es un disparate kirchnerista”. Y ese“disparate” K se explica, según el especialista y hombre del PRO, en que “las mayorías agravadas sólo las puede establecer la Constitución”.
Con lo cual, la administración de Mauricio Macri con sólo conseguir la mayoría simple podría derogar la ley kirchnerista de 2008 y vender así todas las acciones.
El FGS se creó en 2008 y consiste en el stock de acciones que la Anses "heredó" con la estatización de los fondos de las AFJP. El Estado consigue fondos a partir de los dividendos de esas acciones y los reinvierte. Clarín, Macro, Techint y Telecom son algunas de las empresas en donde el Estado cuenta con algún tipo de participación y que ahora el Gobierno de Macri piensa desprenderse.
De prosperar, el Gobierno se haría de fondos frescos en los inmediato para pagar esas sentencias que se fueron acumulando contra la Administración Nacional de la Seguridad Social.