Tras casi doce horas de debate, el Frente para la Victoria en el Senado logró aprobar con 42 votos el proyecto de ley que ratifica el acuerdo firmado con Repsol para compensar con alrededor de u$s5.000 millones a la empresa española por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF.
El oficialismo contó con el apoyo de senadores aliados, entre ellos los dos legisladores opositores del Movimiento Popular Neuquino, bloque que conduce Guillermo Pereyra, líder del gremio de los trabajadores petroleros privados y dirigente de la CGT opositora. También votó a favor el pampeano Carlos Verna.
Esta vez, la oposición fue dividida. Hubo 18 rechazos, por parte de la UCR y el interbloque del FAP, UNEN y la CC-ARI. En cambio, el Peronismo Federal decidió abstenerse, al igual que los macristas Diego Santilli y Alfredo De Angeli, y Jorge Garramuño, del Movimiento Popular Fueguino.
Los legisladores que votaron en contra insistieron en cuestionar el precio que el Tribunal de Tasación fijó para la indemnización, así como la exclusión de los pasivos ambientales del texto del acuerdo. Además, los bloques apuntaron al “déficit energético” de YPF desde su privatización, informó Parlamentario.com.
Sin embargo, el kirchnerismo volvió a sostener la “coherencia” del monto a pagar, de cara al objetivo de alcanzar el autoabastecimiento energético.
El debateEl presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Guillermo Pereyra (MPN) fue quien abrió la discusión, al sostener que el acuerdo “abre las puertas a las inversiones” de nuevas empresas en Argentina.
Pereyra subrayó que el acuerdo permite dar “un paso importantísimo” de cara al “autoabastecimiento energético”. “Tenemos la gran oportunidad de transformar la energía en nuestro país”, destacó.
Por el contrario, Ernesto Sanz (UCR) apuntó al “déficit” energético y advirtió que Argentina tiene que importar por un valor de “casi 14.500 millones de dólares”. Una opinión similar expuso el peronista opositor Juan Carlos Romero: “Creo que se exagera en el crecimiento del éxito de la empresa. Todavía no ha mostrado resultados”, analizó.
Sobre el acuerdo, Sanz evaluó que “el kirchnerismo toma ahora el atajo de la solución amigable para salir del embrollo en que se metió con la expropiación”. Del mismo modo, Diego Santilli (Pro) consideró que el Gobierno quiere “subsanar” con este pago la “confiscación” de YPF.
Fernando “Pino” Solanas subió la apuesta y sentenció que “esto es una colonia de cuarta”, ya que “cada uno viene y se lleva lo que quiere”. “Ningún gobierno fue capaz de exigirle a las petroleras el cumplimiento de las inversiones y de los contratos”, denunció el legislador de UNEN.
A su vez, advirtió que “esta es la culminación de 25 años de pactos de impunidad, del saqueo de YPF y los recursos públicos”, y añadió que “Néstor Kirchner negoció con Repsol permitiéndole llevarse el 90 por ciento del capital, es decir, 1700 millones de dólares de manera indebida”.
El titular de la Comisión de Presupuesto, Aníbal Fernández (FpV) aseguró que "en ningún caso Repsol podrá recibir más de 5000 millones de dólares" por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. De esta manera, el kirchnerista refutó a la oposición, que advirtió que, de acuerdo a las tasas de interés, la indemnización podría superar los 10 mil millones de dólares.
Su par Marcelo Fuentes afirmó que “hubo coherencia” de parte del Gobierno en pagar lo que se expropió por YPF, y dijo que “la estrategia del grupo español era ahogar” a la petrolera argentina.
Desde el peronismo opositor, Adolfo Rodríguez Saá se preguntó por qué hace dos años “no se expropiaron también las acciones de (la familia) Eskenazi”, y justificó la abstención de su bloque: “No nos vamos a oponer a que se hagan cargo de lo que hicieron”, dijo.
En tanto, la puntana Liliana Negre agregó que en el convenio “no se mencionan los pasivos ambientales que están en los informes oficiales de las provincias argentinas afectadas” y deslizó que el pago a Repsol incluso podría afectar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.
Según consignó el jefe del bloque socialista, Rubén Giustiniani, las deudas con el medioambiente declaradas por Repsol son de 277 millones de dólares. Además, el senador recordó que en junio de 2013, el Gobierno argentino ofreció un pago de 1300 millones de dólares y la participación de Repsol en Vaca Muerta, que fue rechazada por la petrolera española, y “hoy nadie explica cómo se pasó de ese ofrecimiento a la actual valuación fijada en 5.000 millones de dólares”.
Carlos Verna, del PJ La Pampa, justificó su voto a favor al recordar su apoyo a la ley de expropiación: “Yo no voté una confiscación. Si se expropia, hay que pagar”, sintetizó. El legislador defendió la nueva administración de YPF, pero advirtió: “Yo no quiero más Chevron, no quiero más que vengan a asociarse con YPF, que se lleven el petróleo y no paguen retenciones”.
El acuerdoEn el acuerdo, la Casa Rosada se comprometió a promulgar antes del 1º de mayo la ley votada por el Congreso, con el aval al convenio y la autorización para la emisión de deuda pública que será destinada al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.
Es por esto que la Cámara de Diputados se abocará a tratar el proyecto en comisión a partir del 8 de abril, con el objetivo de darle sanción definitiva el 23 del mismo mes.
El entendimiento entre el Gobierno argentino y Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas desde la expropiación de mayo de 2012, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.
El acuerdo contempla una compensación de alrededor de 5.000 millones de dólares en títulos públicos por la expropiación del 51 por ciento del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.
En tanto, el 28 de marzo próximo se reunirá la Junta de Accionistas de Repsol en Madrid para terminar de refrendar el acuerdo. Entre las condiciones previstas para que el acuerdo alcance “plena eficacia”, Repsol tiene como fecha tope al 7 de abril próximo para que la Junta General de Accionistas ratifique el entendimiento.
El oficialismo contó con el apoyo de senadores aliados, entre ellos los dos legisladores opositores del Movimiento Popular Neuquino, bloque que conduce Guillermo Pereyra, líder del gremio de los trabajadores petroleros privados y dirigente de la CGT opositora. También votó a favor el pampeano Carlos Verna.
Esta vez, la oposición fue dividida. Hubo 18 rechazos, por parte de la UCR y el interbloque del FAP, UNEN y la CC-ARI. En cambio, el Peronismo Federal decidió abstenerse, al igual que los macristas Diego Santilli y Alfredo De Angeli, y Jorge Garramuño, del Movimiento Popular Fueguino.
Los legisladores que votaron en contra insistieron en cuestionar el precio que el Tribunal de Tasación fijó para la indemnización, así como la exclusión de los pasivos ambientales del texto del acuerdo. Además, los bloques apuntaron al “déficit energético” de YPF desde su privatización, informó Parlamentario.com.
Sin embargo, el kirchnerismo volvió a sostener la “coherencia” del monto a pagar, de cara al objetivo de alcanzar el autoabastecimiento energético.
El debateEl presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Guillermo Pereyra (MPN) fue quien abrió la discusión, al sostener que el acuerdo “abre las puertas a las inversiones” de nuevas empresas en Argentina.
Pereyra subrayó que el acuerdo permite dar “un paso importantísimo” de cara al “autoabastecimiento energético”. “Tenemos la gran oportunidad de transformar la energía en nuestro país”, destacó.
Por el contrario, Ernesto Sanz (UCR) apuntó al “déficit” energético y advirtió que Argentina tiene que importar por un valor de “casi 14.500 millones de dólares”. Una opinión similar expuso el peronista opositor Juan Carlos Romero: “Creo que se exagera en el crecimiento del éxito de la empresa. Todavía no ha mostrado resultados”, analizó.
Sobre el acuerdo, Sanz evaluó que “el kirchnerismo toma ahora el atajo de la solución amigable para salir del embrollo en que se metió con la expropiación”. Del mismo modo, Diego Santilli (Pro) consideró que el Gobierno quiere “subsanar” con este pago la “confiscación” de YPF.
Fernando “Pino” Solanas subió la apuesta y sentenció que “esto es una colonia de cuarta”, ya que “cada uno viene y se lleva lo que quiere”. “Ningún gobierno fue capaz de exigirle a las petroleras el cumplimiento de las inversiones y de los contratos”, denunció el legislador de UNEN.
A su vez, advirtió que “esta es la culminación de 25 años de pactos de impunidad, del saqueo de YPF y los recursos públicos”, y añadió que “Néstor Kirchner negoció con Repsol permitiéndole llevarse el 90 por ciento del capital, es decir, 1700 millones de dólares de manera indebida”.
El titular de la Comisión de Presupuesto, Aníbal Fernández (FpV) aseguró que "en ningún caso Repsol podrá recibir más de 5000 millones de dólares" por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. De esta manera, el kirchnerista refutó a la oposición, que advirtió que, de acuerdo a las tasas de interés, la indemnización podría superar los 10 mil millones de dólares.
Su par Marcelo Fuentes afirmó que “hubo coherencia” de parte del Gobierno en pagar lo que se expropió por YPF, y dijo que “la estrategia del grupo español era ahogar” a la petrolera argentina.
Desde el peronismo opositor, Adolfo Rodríguez Saá se preguntó por qué hace dos años “no se expropiaron también las acciones de (la familia) Eskenazi”, y justificó la abstención de su bloque: “No nos vamos a oponer a que se hagan cargo de lo que hicieron”, dijo.
En tanto, la puntana Liliana Negre agregó que en el convenio “no se mencionan los pasivos ambientales que están en los informes oficiales de las provincias argentinas afectadas” y deslizó que el pago a Repsol incluso podría afectar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.
Según consignó el jefe del bloque socialista, Rubén Giustiniani, las deudas con el medioambiente declaradas por Repsol son de 277 millones de dólares. Además, el senador recordó que en junio de 2013, el Gobierno argentino ofreció un pago de 1300 millones de dólares y la participación de Repsol en Vaca Muerta, que fue rechazada por la petrolera española, y “hoy nadie explica cómo se pasó de ese ofrecimiento a la actual valuación fijada en 5.000 millones de dólares”.
Carlos Verna, del PJ La Pampa, justificó su voto a favor al recordar su apoyo a la ley de expropiación: “Yo no voté una confiscación. Si se expropia, hay que pagar”, sintetizó. El legislador defendió la nueva administración de YPF, pero advirtió: “Yo no quiero más Chevron, no quiero más que vengan a asociarse con YPF, que se lleven el petróleo y no paguen retenciones”.
El acuerdoEn el acuerdo, la Casa Rosada se comprometió a promulgar antes del 1º de mayo la ley votada por el Congreso, con el aval al convenio y la autorización para la emisión de deuda pública que será destinada al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.
Es por esto que la Cámara de Diputados se abocará a tratar el proyecto en comisión a partir del 8 de abril, con el objetivo de darle sanción definitiva el 23 del mismo mes.
El entendimiento entre el Gobierno argentino y Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas desde la expropiación de mayo de 2012, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.
El acuerdo contempla una compensación de alrededor de 5.000 millones de dólares en títulos públicos por la expropiación del 51 por ciento del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.
En tanto, el 28 de marzo próximo se reunirá la Junta de Accionistas de Repsol en Madrid para terminar de refrendar el acuerdo. Entre las condiciones previstas para que el acuerdo alcance “plena eficacia”, Repsol tiene como fecha tope al 7 de abril próximo para que la Junta General de Accionistas ratifique el entendimiento.