LA SEMANA EN POCAS PALABRAS
La creciente utilización de la política de ingresos (salarios, precios y tarifas) deja en claro el fuerte conflicto entre inflación y crecimiento que enfrenta el gobierno nacional. El intento de congelar los precios en los supermercados cumple aquí una doble función. La primera es que, a la espera de los “nuevos salarios” el gobierno trata de sostener los “precios viejos” mediante el congelamiento dispuesto hasta junio, cuando ya habrán cerrado el grueso de los convenios colectivos. Así intenta moderar el impacto que la inflación viene teniendo sobre los salarios reales y el consumo.
Pero los datos muestran que los salarios “viejos” ya están conviviendo con precios “nuevos”. Con negociaciones paritarias en suspenso, el aumento de precios continúa mordiendo los bolsillos. Según INDEC, en febrero los salarios aumentaron 0,7% mensual y 23,3% anual. Los salarios reales comenzaron a caer desde diciembre de 2012 y en febrero acumulan una contracción de casi 2% anual, un porcentaje muy similar a la caída que mostraron en febrero los indicadores de consumo masivo. Hay que retrotraerse hasta mediados de 2008 para encontrar un deterioro similar en los salarios reales.
Los salarios del sector privado registrado aumentaron 24% anual en febrero y su poder de compra cayó 1,1% anual, lejos del crecimiento de casi 10% que registraban un año atrás en pleno proceso electoral. Pero, según INDEC, los salarios del sector privado no registrado todavía le ganan a la inflación: habrían trepado 29% anual en febrero.
La segunda misión del congelamiento de precios es aún más ambiciosa. Moderar la suba de precios en los meses previos al cierre de las principales negociaciones paritarias como forma de evitar una escalada en la carrera de precios y salarios. Aproximadamente 60% de los convenios salariales vencen entre marzo y mayo (de allí que los congelamientos se extiendan hasta junio).
En el primer trimestre del año vencieron el 36% de los convenios salariales pero hasta el momento se verificó una tasa muy baja de renovación. Los primeros acuerdos gremiales cerraron con un reajuste salarial similar al registrado en 2012, en torno al 24%, que superó en pocos puntos la pauta oficial de 22%.
Pero el principal factor que tenderá a acotar las negociaciones salariales no será el espejismo creado por un congelamiento de precios que pocos suponen duradero (menos aún los sindicatos con larga experiencia en procesos inflacionarios) sino el freno en el empleo que se observa en el sector formal de la economía. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la ANSES, se destruyeron más de 7.500 puestos de trabajo en el sector formal (sindicalizado) de la economía en el último año.
Los datos también muestran que el empleo total no cayó pero sí que disminuyó la calidad del empleo, con destrucción de puestos de trabajo en el sector formal y aumento del empleo en negro. La EPH registró 137.000 nuevas personas empleadas en 2012 explicados por un aumento de los empleados asalariados no registrados (+1,8%) y cuentapropistas (+3,5%).
Pero “el éxito” oficial en moderar las negociaciones salariales podría convertirse en un verdadero boomerang si, a partir de junio, el gobierno no logra evitar el rebrote inflacionario que está en plena gestación. Sería lo menos oportuno a pocos meses de las cruciales elecciones de octubre. De allí la necesidad de reabrir paulatinamente el grifo para las importaciones, como ocurre desde inicios del año, para desinflar algunos precios internos al menos por un tiempo y en la medida que el stock de reservas internacionales no perfore un piso prudencial. Se trata de una obra de orfebre para la construcción de un nuevo castillo de naipes.