En el proyecto de Presupuesto 2013 elevado al Congreso Nacional, las partidas para Prefectura Naval y Gendarmería Nacional crecen apenas 2,3%, cuando la estimación de inflación oficial es del 11,2%: otro testimonio de la urgente necesidad de replantear la organización del sector público bajo el modelo federal que impone la Constitución, recuerda el Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Esto ocurre cuando, a la vez, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en un disparate estratégico, obliga a las fuerzas de seguridad concebidas para el control fronterizo a atender problemas de seguridad propios de las policías provinciales o municipales. La estrategia de que, ante un problema, no se aplica una solución sino una superposición, multiplica el gasto público, sin que la gente reciba mejores servicios. Así, cambiar las cúpulas de ambas fuerzas no resuelve nada. Y castigar a los reclamantes, tampoco.
(Urgente24). El conflicto comenzó el martes 02/10, cuando agentes de Prefectura Naval comprobaron que se les había reducido entre 30% y 60% sus salarios por la aplicación del decreto presidencial N° 1.307, y a la protesta se sumaron poco después suboficiales de Gendarmería.
Tras la suspensión de la medida que dispuso el Gobierno, los efectivos extendieron sus exigencias y pidieron un piso salarial de $ 7.000 en blanco, la sindicalización, la libre elección de una obra social, la asignación de una ART y la garantía de que no habrá represalias.
El martes 09/10, al cumplirse 7 días, concluirá el plazo prometido por el subsecretario de Seguridad de la Nación,Sergio Berni, para responderles acerca del petitorio elevado por la protesta, tal como lo ratificó durante el fin de semana el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), realizó un análisis del capítulo fundamental del conflicto: la disponibilidad de recursos. Un dato fundamental: en sus operativos de seguridad metropolitanos -absolutamente innecesarios si hubiese una política de seguridad consistente, y colaborativa con la Policía Metropolitana y la Policía Bonaerense- el Estado nacional erogó para financiamiento de la Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, la suma de $10.700 millones, los cuales se deberían destinar –en teoría– al cuidado de fronteras y los delitos federales.
Idesa explicó:
"El conflicto en torno a Gendarmería y Prefectura delata impericia en la gestión y el agotamiento de un modelo de organización basado en la superposición de acciones entre la Nación y las provincias. Esto induce una masiva dilapidación de recursos que necesariamente terminan en ajustes. Prueba de ello es que en el proyecto de Presupuesto 2013 elevado al Congreso Nacional,las partidas para estas dos fuerzas de seguridad crecen apenas 2,3%, cuando la estimación de inflación oficial es del 11,2%. Esta crisis es otro testimonio de la urgente necesidad de replantear la organización del sector público bajo el modelo federal que impone la Constitución.
En el régimen federal que adopta la Constitución Nacional, la responsabilidad por la seguridad interna de los ciudadanos es jurisdicción de las provincias. De allí que el pilar básico en el que se sustenta la protección pública sean las fuerzas policiales que se financian y gestionan desde cada una de las provincias. De las policías provinciales depende la prevención y represión de los delitos comunes, la gran mayoría de los que sufre la población. El rol del Estado nacional en temas de seguridad interna es complementario e incluso secundario. Su principal finalidad es abordar los problemas de seguridad que trascienden el territorio de una provincia, como el control fronterizo nacional (Gendarmería y Prefectura) y los delitos federales (Policía Federal).
Sin embargo, en la asignación de los recursos públicos para atender los temas de seguridad interna aparecen muy visibles desbalances. Por ejemplo, los datos oficiales de las ejecuciones presupuestarias nacional y provinciales para el año 2011 muestran que:
> El Estado nacional erogó para financiamiento de la Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, la suma de $10.700 millones, los cuales se deberían destinar –en teoría– al cuidado de fronteras y los delitos federales.
> La provincia de Buenos Aires destinó $7.500 millones para brindar seguridad interna a 15,8 millones de habitantes.
> La provincia de Córdoba destinó $2.300 millones para brindar seguridad interna a 3,3 millones de habitantes.
Esta información señala que el Estado nacional eroga en seguridad interna un monto superior al que demandan las policías de Buenos Aires y Córdoba, es decir, las fuerzas de seguridad que tienen la responsabilidad de proteger de los delitos comunes a casi la mitad de la población del país. Aunque se trata de una comparación compleja, resulta muy difícil justificar la relativa abundancia asignada a fuerzas nacionales cuando los delitos fronterizos y federales no parecen ser más frecuentes y graves que los delitos comunes que afectan de manera más directa a la población (robos callejeros, asaltos al domicilio, violaciones, asesinatos, etc.).
Más allá de que la causa inmediata de esta crisis es la impericia de gestión, la cuestión de fondo es que el centralismo fiscal extremo induce a ineficiencias profundas y no sostenibles. En la lógica del centralismo, el Estado nacional acapara recursos para “engordar” organismos nacionales que terminan ejecutando acciones superpuestas con las provinciales. Testimonios muy ilustrativos son la Policía Federal y la Prefectura ejecutando acciones que son responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires y Gendarmería haciéndose cargo de acciones que deben ejecutar las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz.