Por no poderse "acreeditar" las acusaciones, el fiscal Jorge Di Lello solicitó al juez Lijo la absolución del titular de la Bolsa, Adelmo Gabbi, los abogados del estudio Righi y el dueño de la empresa Boldt. Todos habían sido denunciados por el vicepresidente por tráfico de influencias, delito por el cual el mismo Boudou está siendo investigado por el escándalo de la exCiccone.
A nadie le extrañó que el último 2/8 el vicepresidente Amado Boudou no asistiera al acto realizado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cuando se anunció el pago del último cupón del Boden 2012, considerado por el cristinismo exagerado como la "independencia económica" del país.
Es que Boudou había vinculado a su titular, Adelmo Gabbi, con una conspiración destinada a perjudicarlo a través del escándalo de la exCiccone. En aquella inolvidable presentación en el Senado de Jueves Santo, Boudou acusó a Gabbi de perdirle una coima; al estudio del renunciado procurador Estaban Righi por tráfico de influencias; y a Antonio Tabanelli, dueño de la imprenta Boldt, competidora de Ciccone.
Después de la denuncia pública, vino su correlato judicial.
Pero para el malestar de Boudou, que vio como la presidente Cristina Fernández se sacaba fotos con el titular de la Bolsa de Comercio aún después de la denuncia, el fiscal Jorge Di Lello pidió este jueves (30/8) el sobreseimiento de todos los acusados por el vice.
"Lo cierto es que luego de producida toda la prueba posible, ninguno de los que fueran llamados a declarar, pudo dar cuenta de manera exacta e inequívoca, acerca de cuáles fueron los motivos y/o el objeto de las reuniones mantenidas entre el licenciado Boudou y los letrados de la matrícula" del Estudio Righi por un lado, y entre el Vicepresidente y el titular de la Bolsa de Comercio a quien también denunció.
Esta denuncia realizada por Boudou en pleno trámite de la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, y en la cual está imputado, provocó la renuncia del procurador Righi.
Boudou dijo que en la época que estaba a cargo de la ANSeS en 2009, los abogados Ana María García (la mujer del exprocurador), María José Labat (esposa del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro), Antonio Tabanelli, y Fabián Musso le ofrecieron supuestamente servicios de "lobby" en los Tribunales y en distintas causas.
"Más aún, tampoco ninguno de los citados supo dar fe ni antes, ni durante, ni después de que estas audiencias se llevaron a cabo, el porque las mismas habían tenido lugar, ni mucho menos de su contenido, más allá de las fechas en que se desarrollaron y los aparentes motivos de carácter general que tuvieron, los cuales se consignaron en diversos instrumentos de registro, llámese agendas privadas y/o planillas", agregó Di Lello en su dictamen.
El mismo ahora será evaluado por el juez Lijo, quien investiga a Boudou por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por su supuesta participación en la venta de la ex Ciccone Calcográfica.
En ese sentido, Di Lello consideró que los dichos de Boudou son "una verdad incontrastable, al no haberse podido acreditar los extremos de la denuncia, es decir, que durante el desarrollo de las audiencias se hubiera dado, ofrecido o prometido algún tipo de dádiva al denunciante, ni mucho menos tampoco que se le hubiere insinuado o formulado a éste algún tipo de sugerencia con relación a presuntas relaciones o influencias que evitarían problemas con la Justicia".
"Resulta evidente que corresponde a esta altura del proceso, dar un corte definitivo a la investigación, en la tesitura de que ningún hecho de características delictivas ha podido ser verificado, pese a la labor pesquisitiva encarada", añadió.
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