El Estado recurrirá a la Justicia para designar representante en Siderar

Amado Boudou, ministro de Economía, adelantó este mediodía que el Gobierno nacional recurrirá a la Justicia para reclamar que la empresa Siderar, del grupo Techint, le permita ejercer el derecho político por el total de las acciones que tiene en su poder la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), y designar al número de directores que le corresponda."Se está corriendo el eje de la discusión, se habla del DNU (441) cuando en realidad el foco de la discusión es que no quieren tratar a los accionistas en pie de igualdad", aseguró Boudou en declaraciones al canal de cable C5N.El ministro consideró que la situación que se produjo en la asamblea de Siderar, realizada el último viernes, "es muy grave" para la seguridad jurídica porque "el grupo Techint no quiere respetar el derecho de propiedad de las acciones que tiene la ANSeS".A su vez, el director ejecutivo de la ANSeS, Diego Bossio, señaló que el organismo que encabeza pidió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la realización de "un sumario" contra los directores de Siderar, al considerar que en la asamblea hubo "una serie de irregularidades".Junto con Bossio, Boudou brindó este mediodía una conferencia de prensa en la que anunció el inicio de causas judiciales por parte de la ANSeS contra estudios de abogados, tras detectar maniobras que perjudicarían al organismo previsional en expedientes por pago de sentencias que actualizan haberes jubilatorios. Al finalizar la conferencia dialogó con el canal de noticias sobre lo ocurrido en Siderar.Ayer, la compañía del grupo Techint presentó un recurso contra el DNU, con el que el Poder Ejecutivo eliminó el tope en el derecho a voto que tenía el Estado en las empresas con participación accionaria. Y también pidió que quede sin efecto la resolución de la CNV que declaró nula la asamblea de accionistas que aprobó el pago de un dividendo por 1.511,5 millones de pesos.Esta mañana, el CEO de Siderar, Daniel Novegil, criticó el uso de un DNU para anular la limitación del cinco por ciento del derecho a voto que hasta el momento tenía el Estado en las empresas en las cuales tiene acciones, y consideró ese cambio como una "injerencia política en la vida de las empresas".

nosis