La jueza Rita Ailán dijo que rechazó la acción porque "no advierto (...) la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que se invoca" por parte del Gobierno, como argumenta Metrogas, que exige la aplicación de un aumento tarifario, informó el Poder Judicial a través de su agencia de noticias CIJ.
Las tarifas de la mayoría de los servicios públicos de Argentina fueron congeladas tras el colapso de la economía en 2001/2002, y muchas quedaron prácticamente en el mismo nivel desde entonces.
El Gobierno comenzó paulatinamente a autorizar incrementos, pero las protestas de consumidores han retrasado los ajustes y también una disminución en el nivel de subsidios otorgados por el Estado a las empresas.
En junio, el Gobierno intervino a Metrogas luego de que la empresa solicitara la protección por bancarrota ante dificultades financieras que dice que son consecuencia de las políticas oficiales.
La empresa británica BG Group
reuters