El pasado jueves 9 de marzo falleció una niña indígena de 6 años luego de descompensarse por falta de atención médica en el Hospital de Embarcación. Esta muerte, al igual que otras ocurridas en el pasado, fue causada por los gravísimos déficits del sistema de salud de la provincia.
La niña, perteneciente a la comunidad Misión La Loma, había asistido al hospital con su madre el día lunes en grave estado de salud. Pese a sus diversos pedidos, no se les permitió acceder a una consulta médica, sino que el personal de enfermería se limitó a proveerle analgésicos y les sugirió que consiguieran un turno.
Además de haberle negado la atención de urgencia que la niña requería, tampoco le fue posible acceder rápidamente a una consulta, dado que el sistema para su gestión se encuentra completamente fuera de la ley. En lugar de concederse en condiciones de igualdad y en base a criterios objetivos, los turnos se comercializan, tal como ha reconocido el gerente del hospital. Así, ciertas personas acceden a todos ellos y luego los venden a quienes realmente los necesitan. Recién el día jueves pudieron acceder a uno, tras reiterados intentos sin éxito y después de haber recibido la ayuda de un vecino que esperó en la puerta del hospital desde las 21 hs. del miércoles y permaneció durante la madrugada, mientras la madre asistía a su hija. Sin embargo, en ese entonces el cuadro de salud de la niña ya era irreversible. A la fecha, las autoridades sanitarias no tomaron acciones para dilucidar las razones de su fallecimiento, y tampoco dieron información confiable a su familia.
Este caso deja al descubierto los graves impactos de la ausencia estatal, y cómo estos afectan desproporcionadamente a los pueblos originarios. Estas comunidades viven en condiciones de pobreza estructural, y el Estado no implementa políticas públicas para garantizar su acceso al agua potable y a la alimentación, lo que genera problemas en la salud de miles de niñas y niños. Lo que reviste aún mayor gravedad es que, cuando llegan al sistema sanitario, se enfrentan a abordajes carentes de perspectiva intercultural y a prácticas de violencia y discriminación totalmente naturalizadas. Las cifras confirman este preocupante escenario. Lejos de tratarse de un caso aislado, de acuerdo con la última información oficial, en los últimos tres años fallecieron en la provincia al menos 108 niñas y niños en 2020, 64 en 2021 y 45 en 20222 . Además, hay 7.543 niñas y niños con riesgo nutricional, de los cuales 470 presentan bajo peso y 44 muy bajo peso3.
La inacción sistemática del gobierno
Junto a Infancia en Deuda venimos hace tiempo alertando sobre el carácter absolutamente expulsivo del sistema sanitario salteño, dada la multiplicidad de obstáculos que presenta para los pueblos originarios. En muchas oportunidades deben atravesar grandes distancias para llegar al hospital, cuando lo hacen no acceden a turnos o deben esperarlos durante horas y -aun consiguiéndolos- son luego discriminados por el personal de salud, que con frecuencia juzga sus formas de vida. Además, en muchos casos no se les diagnostica ni se les da un tratamiento adecuado, ya sea por falta de personal específico, por inoperancia en el sistema de derivaciones o por falta de insumos. Lo que es todavía más alarmante es que cuando las familias no pueden superar estas dificultades terminan siendo responsabilizadas y criminalizadas por las instituciones estatales.
La omisión del Estado salteño en buscar soluciones a esta crítica situación es histórica. Con su pasividad, el gobierno provincial desconoce abiertamente la normativa vigente y las condenas judiciales que pesan sobre él.
En primer lugar, ignora la declaración de la emergencia sociosanitaria vigente desde 2020, que lo obliga a tomar todas las medidas necesarias para revertirla y le asigna recursos económicos al efecto, así como la Ley de Salud Intercultural 7.856, que le impone garantizar una atención médica adecuada, equitativa y accesible a las comunidades originarias. Asimismo, incumple con su conducta dos medidas cautelares dictadas por la Corte de Justicia de Salta. Una en un caso iniciado por la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes y otra solicitada precisamente por la comunidad de Misión La Loma junto con ACIJ. Esta última obliga al Ministerio de Salud local a contratar facilitadoras y facilitadores interculturales y a abrir albergues de tránsito para el acompañamiento de las y los pacientes y sus familias. Ninguno de estos dos deberes, que habrían podido contribuir a un mejor abordaje de la situación de esta niña en particular y a una mejor atención del sistema sanitario para con las comunidades indígenas en general, son respetados por la provincia.
En respuesta a esta situación, ACIJ acompañó a la comunidad Misión La Loma en la presentación de las denuncias penales para que se investiguen las irregularidades con los turnos y se sancione a las personas responsables y en los próximos días denunciará el incumplimiento de la Ley de Salud Intercultural frente a la Corte de Justicia de Salta.
La falta de acceso a la salud y a otros derechos básicos para alcanzarla (agua potable, alimentación, etc.) continúa siendo vista como una desgracia aislada de quienes “no se integran” a la sociedad o viven lejos de los centros urbanos, en lugar de concebirse como lo que en verdad es: una consecuencia directa de la inacción y el abandono estatal. En ese contexto, es urgente que el Poder Ejecutivo de Salta disponga medidas que aborden de forma estructural la gravísima situación en la que crecen las infancias indígenas. Los fallecimientos, la malnutrición y la falta de acceso a agua potable, que hoy son parte de su realidad cotidiana, deben dejar de serlo.
Casos como este no pueden repetirse nunca más.
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