La investigación, “Acceso al agua en comunidades indígenas y criollas del municipio de Rivadavia Banda Norte”, que consistió en encuentros, visitas al territorio y entrevistas en las comunidades ubicadas entre Los Blancos y Capitán Page de la Ruta Provincial N°81, evidencia las numerosas dificultades que atraviesan los NNyA de los pueblos originarios en el interior de la Provincia de Salta.
La crisis hídrica se encuentra totalmente extendida: ninguna de las 9 comunidades visitadas cuenta con red de agua. Solamente existe un proyecto para llevar la infraestructura a 3 de ellas y sufre demoras injustificadas de forma constante. Acceden al agua apta para consumo humano mediante camiones cisterna una vez a la semana o cada quince días. Esta situación es irregular e insuficiente y la seguridad del agua se encuentra comprometida, vulnerando las normas del Código Alimentario Argentino.
Las personas de las comunidades señalaron de manera uniforme que el agua que reciben tiene elevados niveles de arsénico, es salada, y produce enfermedades derivadas de su consumo, como diarrea e hinchazón abdominal.
Además de las comunidades mencionadas en el informe, se pusieron en contacto con las organizaciones de IED otras 9 de diversas zonas de los 3 departamentos declarados en emergencia sociosanitaria. Desde allí denuncian situaciones similares a las anteriores: falta de todo tipo de infraestructura hídrica, insuficiencia de la provisión de emergencia que brinda el Estado de forma irregular e incumplimiento de las obras comprometidas.
Contexto
Este crítico escenario se da en un contexto de crisis sociosanitaria en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. A casi 3 años de la declaración de emergencia sociosanitaria, y aunque el Estado debía tomar todas las medidas a su disposición para modificar la situación, la falta de acceso a derechos básicos y la mortalidad infantil continúan siendo parte de una realidad cotidiana. El verano es especialmente peligroso.
Según información oficial, durante el primer trimestre de este año fallecieron en la provincia 79 niñas y niños menores de 5 años, 44 de los departamentos del norte de la provincia.
Aunque esta situación responde a políticas históricas de exclusión y discriminación, desde el censo del año 2010 que el Estado cuenta con información relevante con la que abordar la problemática. Dentro de los datos salientes de aquel censo, resultaba que el 10,1% de los pueblos originarios utilizaba agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia, lo que ocurría solamente en un 1,2% a nivel provincial; el 7,1% poseía perforación con bomba a motor frente al 2,8% provincial y el 6,2% realizaba el transporte por cisterna, alternativa que a nivel provincial representa apenas el 0,3% Por otra parte, la provisión del agua por cañería dentro de la vivienda era del 43,9% entre los hogares con indígenas, es decir, 32 puntos porcentuales por debajo de la media provincial que alcanzaba el 76,5%. En definitiva, existen numerosas comunidades sin un real acceso al agua pero también que las comunidades que sí pueden acceder al agua, lo hacen en condiciones muy inferiores al resto de la población provincial.
La lucha por el acceso al agua de estos pueblos para sus integrantes adultos y niñas y niños que forman parte sigue siendo vista como una desgracia aislada de quienes no se han “integrado” al resto de la sociedad o quienes están lejos de los grandes centros urbanos o industriales. Sin embargo, debería ser un llamado de atención por cuanto reflejan el (mal)trato en materia de derechos humanos que reciben quienes integran las culturas originarias de la provincia.
Desde IED presentamos una serie de notas dirigidas al Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, ministerios nacionales con competencia en materia de agua y salud, así como a organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes para que intervengan de forma urgente y den una solución a esta problemática gravísima de derechos humanos.
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