Como es de público conocimiento, un grupo de jueces, fiscales, políticos y empresarios se habrían comunicado entre sí para planear una maniobra de ocultamiento de datos y falseamiento de documentación respecto de un viaje que realizaron en conjunto, con un financiamiento aparentemente irregular y con un objetivo que aún se desconoce. Que el hecho haya tomado estado público a partir del aparente robo y posterior difusión ilegal de las conversaciones de algunos de los involucrados en dicha trama, lo cual debe ser también adecuadamente investigado, no exime de responsabilidad política -y eventualmente penal y/o disciplinaria- a quienes deben brindar a la ciudadanía una explicación verídica y consistente de lo sucedido.
Luego de que hace algunos años viéramos a un ex funcionario revolear hacia un convento bolsos con millones de dólares, se produjo una curiosa excepción: por una vez, un escándalo institucional de nuestro país tenía consecuencias concretas para sus responsables. Se activaron allí causas judiciales que avanzaron con razonable celeridad y que derivaron en condenas, y al menos esa trama delictiva pudo probarse y hacerse pública. Ahora bien, ese tipo de consecuencias distan de ser las habituales en estos episodios: los casos de condena firme contra funcionarios y funcionarias de jerarquía se cuentan con los dedos de la mano (el ex presidente Carlos Menem, el ejemplo más extremo, murió 21 años después de haber dejado el poder, sin que las causas en las que estaba imputado tengan sentencia firme); al mismo tiempo, prácticamente no existen procesos disciplinarios contra jueces y juezas que culminen en su destitución (ocurrió tan sólo 18 veces desde el año 1999); y, paralelamente, quienes son o fueron actores clave del accionar de nuestro aparato de inteligencia durante las últimas décadas tienen aún márgenes de acción amplísimos para seguir operando desde “los sótanos de la democracia”.
Otra vez erupcionan algunas de nuestras cloacas institucionales, y las prácticas inconfesables de algunos sectores de poder se dejan ver para quien quiera verlas. Y el agua turbia, también esta vez, volverá a bajar. Pero este escándalo puede ser más que un nuevo escándalo. Una vez más, tenemos la oportunidad de tener un resultado distinto en favor de nuestra democracia: hay fiscales que tienen que investigar, juezas y jueces que tienen que juzgar, Consejeras y Consejeros de la Magistratura y autoridades políticas que deben impulsar procesos disciplinarios, referentes de los principales partidos que deben dejar de ver la paja sólo en el ojo ajeno y, por esta vez, no proteger irreflexivamente a los propios.
Es bastante obvio, pero vale la pena seguir diciéndolo: ni las y los jueces ni las y los políticos deberían aceptar recibir beneficios que no pueden confesar en voz alta por parte de otros sectores de poder. Y más obvio aún: tampoco pueden tratar de encubrirlo acordando fraguar documentación o influenciar las líneas editoriales del periodismo.
Al mismo tiempo, las conversaciones que tenemos las personas (incluso quienes ejercen funciones públicas), no deberían estar sujetas a ser interceptadas sino a través de una orden judicial debidamente fundada. El hecho de que, una vez más, este tipo de filtraciones se produzcan como posibles derivaciones de actos de espionaje ilegal, no hace más que reforzar la necesidad de cambios significativos transversales, que reconstruyan la confianza en un debate público que supere sus actuales vicios.
El funcionamiento adecuado de nuestra democracia se sanea de una sola manera: quienes conforman los distintos sectores de poder deben estar a la altura de los cargos que asumen y dejar de repetir estas prácticas, y quienes tienen responsabilidades de control deben hacer su aporte para que estas verdades salgan integralmente a la luz, tengan las debidas sanciones y se adopten las medidas necesarias para evitar la repetición de sucesos que erosionan la credibilidad y capacidad de acción de las instituciones públicas que nuestra comunidad política ha sabido construir.
