La situación es especialmente grave dado que, al analizar los trámites de los procesos disciplinarios, advertimos que la inmensa mayoría muestra un estado de inacción casi absoluta, sin medidas relevantes para investigar los hechos denunciados. Así, en 34 de los 41 expedientes por caducar no se tomó ninguna medida relevante a fin de promover el tratamiento de las causas. En sólo un 12% del total, la Comisión de Disciplina y Acusación se expidió acerca de la adecuación de las denuncias a los requisitos formales mínimos. Y en apenas dos causas se ordenó la producción de alguna medida de prueba.
En este sentido, es evidente que las excesivas demoras en el tratamiento de los expedientes disciplinarios no se encuentran justificadas por la realización de medidas durante ese período de tiempo.
Esta situación no es novedosa. En diciembre de 2020 habíamos advertido públicamente una situación muy poco alentadora: sólo en el 22% de los casos analizados en ese momento, el Consejo de la Magistratura había realizado alguna medida probatoria. Del total de 3584 casos que conformaban la base a la fecha de corte de este informe, se identificaron un total de 224 casos desestimados por el transcurso del tiempo.
El instituto de la caducidad, que tiene sentido en cuanto a que no puede dilatarse indefinidamente una investigación contra un magistrado o magistrada, en estos casos sólo puede entenderse como “ausencia de justicia”: un desmerecimiento y desatención de la presentación realizada por las personas denunciantes así como también a las y los magistrados denunciados. En cualquier caso, la caducidad resulta completamente inaceptable cuando es el resultado de que no se hayan realizado acciones tendientes a esclarecer la verdad.
Poner en marcha las medidas adecuadas para que los procesos disciplinarios tiendan a aclarar y resolver las problemáticas que los originaron, contribuiría al crecimiento de la confianza en la independencia y transparencia de los y las juezas, en miras a un ejercicio responsable de las facultades disciplinarias sobre magistradas y magistrados atribuídas por la Constitución Nacional al Consejo de la Magistratura.
Es en este sentido que solicitamos a la Presidencia del Consejo de la Magistratura, a la Presidenta de la Comisión de Disciplina y a cada uno de los Consejeros y Consejeras que arbitren las medidas necesarias para que los expedientes disciplinarios actualmente abiertos sean resueltos a través de los procedimientos regulares, evitando dilaciones innecesarias así como su finalización por el simple paso del tiempo.
