INFORMES | ¿Cómo se cumplen las recomendaciones de la Auditoría General de la Nación en materia de Género, Niñez y prevención del Chagas?

 

Desde ACIJ promovimos la elaboración y publicación de tres informes que analizan el grado de cumplimiento de las recomendaciones de auditorías sobre las políticas públicas sobre Chagas, los avances en torno al ODS 5 en materia de igualdad de género -en conjunto con FEIM-, y el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño -realizado por la Fundación Sur-. Estos documentos, que se realizaron como parte de la Advancing Audit Accountability Initiative, tienen origen en la convicción de que la participación ciudadana en el control público es fundamental para revertir las múltiples formas de discriminación que enfrentan los grupos vulnerabilizados y fortalecer el impacto de las auditorías en el accionar estatal.   A continuación, te compartimos algunos datos destacados y conclusiones:

Luego de 14 años de incumplimiento, el Estado Nacional reglamentó la Ley de Chagas, como había sido requerido por la AGN en los años 2012 y 2018. En 2020 y 2021, solo el 30% de las personas embarazadas tuvo acceso a los estudios de Chagas. Esta situación incumple la Ley 26281 y las dos recomendaciones de la AGN. La subejecución de los fondos es un problema central para las políticas de Chagas que  la AGN recomendó subsanar  en dos oportunidades. Sin embargo, la situación continúa igual, desde 2016 se observa una subejecución de, al menos, un 20%, y alcanza su punto más alto en 2021 (79,37%).

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La AGN había recomendado la elaboración de planes de gobierno con enfoque transversal de género y que se vinculen con el ODS 5. Encontramos que la mayoría de las políticas vinculadas al ODS 5 (63%) se encuentran bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Hay ministerios que no tienen ningún programa destinado a reducir brechas de género a pesar de que sus políticas deberían encaminarse a ese fin. Además, el alcance de las políticas con impacto en el ODS 5 es nacional casi en su totalidad. No hay información que permita comprobar la existencia de programas provinciales o locales. La AGN había llamado a financiar y a asociar los planes que abordan el ODS  5 con el presupuesto público para su monitoreo. Desde 2019 existe un sistema de etiquetado de Políticas con Perspectiva de Género (PPG) sumamente importante en términos de transparencia y monitoreo del gasto destinado a ese fin. Sin embargo, no hay información clara sobre los criterios selección de todas las partidas PPG ni sobre su ponderación.

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Después de 14 años, de la recomendación de la AGN y de los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil se puso en funcionamiento la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pese a que la AGN había instado a reforzar presupuestariamente los programas de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes, los recursos -ajustados en pesos por inflación- cayeron un 48,37% si se compara el crédito aprobado por la Ley de Presupuesto de 2017 (fecha última considerada por la AGN) y el crédito vigente en 2022. Para el primer semestre de 2021 se alcanzaron 2.350 convenios de Espacios de Primera Infancia (EPI), con un incremento del 43% respecto de la cantidad de convenios señalados por la AGN y alcanzados en 2017.