En Argentina, el derecho a la protección de la salud mental se encuentra consagrado desde el año 2010 en la Ley 26.657. Esta norma propone reemplazar el sistema de atención basado en el encierro de las personas en instituciones psiquiátricas -en donde no recuperan su salud y se ven expuestas a múltiples formas de violencia, discriminación y exclusión- por uno que incorpore a la salud mental en los servicios generales, garantice una atención integral, humanizada y de calidad, y promueva la inclusión social de las personas.
Para lograrlo, la Ley Nacional establece que todos los centros de salud deben contar con equipos interdisciplinarios que brinden asistencia en materia de salud mental, y que todos los hospitales generales públicos y privados deben incorporar servicios de atención ambulatoria y de internación para quienes lo requieran. A ello debe sumarse la creación de una red de dispositivos en la comunidad, tales como viviendas asistidas, servicios de atención domiciliaria, consultorios externos, hospitales de día, cooperativas de trabajo, y servicios de apoyo para las personas y sus familias.
De esta manera, el sistema establecido en la ley implica la creación de más servicios y con mejor calidad de atención, los que permitirán asegurar la externación de las personas que todavía viven en manicomios, satisfacer las necesidades de la población y reducir desigualdades en el acceso a asistencia. En consonancia con lo que fija la normativa local, el informe más reciente de la OMS, “Informe mundial sobre salud mental: Transformar la salud mental para todos”, reitera la necesidad de reestructurar los servicios y de brindar atención en la comunidad.
Sin embargo, y a pesar del consenso científico global en relación con los beneficios de esta modalidad de abordaje, todavía existen diferentes barreras que impiden avanzar en su plena implementación en todo el país: el lugar marginal que ocupa este tema en la agenda de algunos gobiernos, la falta de presupuesto suficiente, la resistencia de determinados sectores, los mitos que se difunden sobre el contenido y alcance de la ley, y el estigma que aún persiste sobre las personas con algún problema de salud mental.
Según el censo de 2019, en Argentina aún existen 162 hospitales psiquiátricos, en donde viven 12.035 personas. En este contexto, en materia de políticas públicas es necesario avanzar con la adecuación de todos ellos, la externación de las personas que todavía viven allí, la incorporación de la salud mental en la atención primaria y hospitales generales, y la creación de dispositivos de base comunitaria. Para implementar estas medidas, el Estado nacional -y las provincias- debe cumplir con la pauta presupuestaria que establece la ley, que obliga a destinar, cómo mínimo, el 10% del gasto total de salud a salud mental. Hasta ahora, este monto nunca superó el 2,2%.
A estas deudas en la política pública, se suma que todavía hay sectores involucrados en la atención de la salud mental y las adicciones que resisten la aplicación de la ley, difunden mensajes erróneos, y le atribuyen a su contenido consecuencias que tienen que ver con déficits en su implementación. Durante el 2022, la situación se agravó ya que estas voces se vieron amplificadas a raíz de diferentes sucesos de trascendencia pública y encontraron respaldo en legisladores y legisladoras que, en lugar de promover la plena implementación de la Ley Nacional con una inversión suficiente, presentaron proyectos de reforma que atentan contra los estándares de derechos ya garantizados a nivel nacional e internacional.
Con el convencimiento de que implementar la Ley Nacional de Salud Mental es un camino posible, necesario y urgente ante la creciente demanda de atención, creemos importante producir conocimiento sobre el sistema de atención que ella propone, generar consensos, derribar prejuicios, entrecruzar saberes y favorecer espacios de intercambio. Por ello, desde ACIJ organizamos la primera edición de la "Semana de la Salud Mental: otro enfoque es posible". Conocé las actividades e inscribite acá.
