En el año 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Prevención y Control del Chagas (N° 26.281) que asigna carácter prioritario a las políticas que abordan esta problemática dentro de la política nacional de salud del Ministerio de Salud. Sin embargo, a 15 años de su sanción sigue sin reglamentarse, generando graves problemas para implementar políticas públicas orientadas a su prevención, detección y tratamiento. A su vez, los recursos destinados a prevenir y controlar el Chagas son regularmente sub-ejecutados. En el año 2021, solo se ejecutó el 5% del presupuesto que le había sido asignado.
EL CHAGAS EN ARGENTINA:
Viven 1,6 millones de personas con Chagas (el 20% de la población con Chagas del planeta).
Nacen alrededor de 1300 niñas y niños con Chagas por año a causa de la transmisión vertical, de persona gestante a hija/o durante el embarazo.
Las personas que viven con Chagas residen: 66% en las ciudades y 33% en zonas rurales.
La región centro del país (Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe), registra más de 500 casos nuevos por año, el mayor número de Chagas vertical en el país, incluso más que en las provincias endémicas.
La falta de políticas públicas adecuadas se traduce en desinformación, tratamientos inaccesibles, medidas preventivas ineficaces y la propagación de la enfermedad entre los grupos más vulnerables, especialmente niños y niñas. Aunque el Estado Nacional planifica la realización de diagnósticos y tratamientos para personas embarazadas y para niñas y niños, nunca llega a implementarlos. Lo mismo sucede con las actividades de rociado químico y vigilancia de viviendas rociadas para prevenir la enfermedad, que no logran cubrir las necesidades de la población afectada.
Para revertir esta situación, tal como indicó Auditoría General de la Nación (AGN) en informes de los años 2012 y 2018, es urgente que el Ministerio de Salud de la Nación reglamente la Ley, y garantice y ejecute los recursos económicos suficientes para implementar políticas públicas adecuadas. Además, es clave contar con controles por parte de la AGN que permitan conocer qué está haciendo el Estado para abordar esta problemática.
