Justo cuando el Poder Judicial acababa de terminar la feria, el Poder Ejecutivo decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia, motivo por el cual todo quedó suspendido. Si embargo, ahora la vicepresidenta Cristina Fernández intenta recuperar el tiempo perdido.
No será este año pero está en carpeta. La vicepresidenta Cristina Fernández imagina una Corte Suprema de Justicia de la Nación renovada hacia 2022. Lo más probable será una ampliación en el número de sus integrantes, pasando de los 5 actuales a 7 ministros en total.
Ella sabe que varias causas judiciales sensibles para la familia Kirchner llegarán al Máximo Tribunal y allí no tiene asegurado siquiera 2 votos para intentar equilibrar la discusión. Perdería por goleada.
La expresidenta celebró en abril pasado un hilo en Twitter de su abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, que incluía una dura advertencia a los ministros: "Es la Corte quien tiene que decidir si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o razones, porque la vamos a escribir igual".
Si bien aquellos posteos tenían que ver sobre la validez de eventuales sesiones remotas del Senado y un pedido de la presidenta de la Cámara alta sobre un pronunciamiento de la Corte para evitar la judicialización de los proyectos que se aprueben, al que la CSJN finalmente no accedió, dentro del cristinismo hay muchos cuestionamientos contra los modos en que trabajan los jueces de la Corte y siempre que puede se los hace llegar.
Ahora, sin detalles al respecto, el portal K El Destape Web tituló: "Reforma de la Corte Suprema, el proyecto de Alberto Fernández"
Se trata de una idea que ya comentó el jefe de Estado meses atrás: crear un consejo que analice, entre otras cosas, la cantidad de miembros que debe tener la Corte Suprema. Si embargo, en aquella oportunidad aclaró: "Yo pienso que no debe aumentarse el número de jueces de la Corte".
Ahora bien, ¿por qué el cristinismo vuelve a la carga sobre este punto? Porque es inminente el levantamiento de la cuarentena estricta en el AMBA y con ello el levantamiento de la feria judicial. El Poder Ejecutivo está próximo a enviar el proyecto de ley de reforma judicial al Senado y lo sabe muy bien la vicepresidenta.
Por ahora, la modificación en el número de sus miembros no se llevaría a cabo pero sí la creación de un consejo que analice su accionar con miras al 2022, una vez terminado el electoral 2021.
De todos modos, el kirchnerismo intenta recuperar el tiempo perdido por la pandemia. Este domingo 12/07, El Destape también cargó contra "los jueces y fiscales del lawfare que aún siguen activos".
Los nombró uno por uno a quienes tienen causas sensibles a la familia Kirchner y todo indica que se trata de una estrategia para evitar que en 2021 Comodoro Py vuelva a con todo en plena campaña electoral:
El centro de la persecución fueron los tribunales de Comodoro Py, donde tramitan las causas políticas más sensibles del país. Si bien Bonadío fue el juez emblema del Lawfare, no fue el único. Fue avalado por sus superiores y hubo colegas que le siguieron los pasos.
Tal es el caso de Julián Ercolini, quien está al frente del juzgado federal N° 10. Es uno de los nombres que mencionó Fernández. Por sus manos pasaron las causas Hotesur y Los Sauces, dos casos que involucran a la actual vicepresidenta de la Nación y su familia. Ambos expedientes le llegaron de manos de Bonadío. También tuvo a su cargo la causa de la Obra Pública, que ya fue elevada a juicio. En ese debate oral, el 2 de diciembre pasado, Cristina dio un fuerte alegato, de impacto político y mediático. En una ponencia de más de 3 horas y media, CFK cuestionó con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial al Lawfare: “Seguramente este tribunal, que es un tribunal del Lawfare, tiene la condena escrita. No me interesa. A mi me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, le espetó al TOF 2.
Otro juez con despacho en Comodoro Py que ahora quedó en el ojo de la tormenta por su accionar en el caso de espionaje ilegal a Cristina Kirchner es Marcelo Martínez de Giorgi. Este magistrado tuvo a su cargo la denuncia por tareas de inteligencia por parte de la AFI macrista sobre CFK en el Instituto Patria y sobreseyó a todos los acusados. Su resolución es una de las coartadas que ahora utiliza la subdirectora de la agencia, Silvia Majdalani, para evitar ser investigada en los tribunales de Lomas de Zamora. Martínez de Giorgi sostuvo su decisión en base a una causa que llevaba el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Hoy sobran evidencias respecto a que CFK fue espiada ilegalmente, lo que expone el poco interés que hubo en aquel tiempo para investigar seriamente el caso.
Martínez de Giorgi también subroga el juzgado que estaba a cargo de Bonadío.
Entre los fiscales con asiento en los tribunales de Retiro, el caso paradigmático de la persecución es Stornelli, a quien le pidieron el juicio político por su accionar judicial en los años macristas. Stornelli está procesado en el D’Alessiogate por sus vínculos con una banda dedicada al espionaje ilegal pero tiene el respaldo del Procurador General interino, Eduardo Casal, que no apura una investigación interna seria.
Stornelli fue el fiscal de diversas causas clave como GNL –donde D’Alessio declaró como testigo en dos ocasiones- y Cuadernos. En ambas hizo dúo con Bonadío. Tras el escándalo del caso D’Alessio a Cristina le terminaron dictando una falta de mérito en GNL. No obstante, en ese expediente –que contó con un peritaje trucho- avanzaron contra diversos exfuncionarios kirchneristas.
En la causa de las fotocopias, Stornelli estuvo acompañado por Carlos Rívolo, quien también instruyó la pesquisa de Los Sauces. En 16 de noviembre de 2017, la agencia estatal de noticias Telam tituló: “El fiscal Rívolo dijo que Cristina Kirchner ‘puede ir presa’".
Otro fiscal que pidió en tiempos de Macri el juicio oral de la expresidenta en una causa sin elementos sólidos fue Eduardo Taiano. El febrero de 2017, Taiano le solicitó a Bonadío que envíe a juicio oral a CFK en la causa de dólar futuro, donde también había otros exfuncionarios procesados, como Axel Kicillof.
Curiosidades de los tiempos macristas: los hijos de Stornelli y Taiano terminaron trabajando en la a Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), una especie de mini SIDE paralela que se creó durante el gobierno de Cambiemos bajo el paraguas de la Corte, luego de que Macri le quitara la Oficina de Escuchas al Ministerio Público Fiscal porque entonces lo comandaba Alejandra Gils Carbó.
El fiscal Gerardo Pollicita tuvo la instrucción de varias de las causas mencionadas, como Hotesur, Los Sauces y Obra Pública. “Hotesur: el fiscal Pollicita pidió que Cristina Kirchner y sus hijos vayan a juicio por lavado de dinero”, tituló La Nación en diciembre de 2018. En esos expedientes, Pollicita contó la colaboración de otro fiscal, Ignacio Mahiques, hijo del exministro de María Eugenia Vidal y ahora juez de Casación, Carlos Mahiques. También es hermano de Juan Bautista, el subsecretario de Justicia en tiempos de Germán Garavano, acusado de apretar jueces.
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