La reestructuración de la embotelladora Femsa, de Coca-Cola, sigue siendo materia de discusión y reclamos en la secretaría de Trabajo. El titular del área, Lucas Fernández Aparicio, realizó ayer por la tarde una reunión con un grupo de trabajadores despedidos que exige a las autoridades la no homologación del acuerdo alcanzado con el Sindicato de Aguas y Gaseosas (Sutiaga) el mes pasado por el que hubo 32 cesantías en la planta de Pompeya.
La reunión tuvo lugar después de las dos protestas encabezadas por ese sector la última semana en el microcentro, que fueron reprimidas por la policía de la Ciudad, y en medio de las tensiones con el gremio de Camioneros, en alerta por posibles recortes en las grandes compañías de la industria de bebidas.
La mayor embotelladora de América Latina solicitó a principios del mes pasado un procedimiento preventivo de crisis con la intención de eliminar más del 10% de sus 600 empleados –unos 80- en el establecimiento de Pompeya, pagándole la mitad de su indemnización, y "readecuar" el personal a los niveles de producción. La firma de capitales mexicanos se vio afectada por la caída del consumo, pero el Gobierno finalmente le denegó el pedido, en medio de una oleada de reclamos similares por parte de grandes empresas de la talla de Avianca, Atlántida y Fate.Los hombres de Aparicio recibieron el viernes pasado a una delegación de operarios de la agrupación opositora Marrón, liderada por el PTS en el Frente de Izquierda, quienes negaron que la empresa esté en crisis como alega la misma en los telegramas de despido y denunciaron despidos "persecutorios" de sus activistas a partir del entendimiento sellado el 22 de febrero pasado entre la firma y el gremio encabezado por Raúl Alvarez, un ex hombre de Luis Barrionuevo, hoy cercano a Cambiemos.
Con dos plantas de producción y embotellamiento (Pompeya y Monte Grande) y tres centros de distribución (Villa Crespo, Loma Hermosa y Villa Celina), la empresa avanzó en los últimos días en la instrumentación de cambios en las líneas de producción que apuntan a una mayor utilización de las botellas retornables y las bebidas alternativas a Coca Cola en la fábrica de Pompeya.En su lugar, fueron acordadas 32 cesantías. De esa manera, las autoridades evitaron que la empresa se declarara en crisis y gozara de beneficios fiscales en un año electoral.
Mientras tanto, los movimientos en Coca-Cola mantienen en alerta al camionero Hugo Moyano, que hace dos semanas protagonizó un acto con cerca de 10.000 trabajadores frente al mega centro operativo de Villa Celina, un centro de carga y descarga ubicado frente al Mercado Central."Se está trabajando con normalidad", confirmaron desde la empresa. Es más, los directivos otorgaron horas extra para alcanzar los niveles de demanda en el centro de distribución de Villa Crespo, en donde el lunes posterior al acuerdo fueron desafectados otros nueve trabajadores, por fuera de lo convenido en la secretaría de Trabajo. Así, en lo que va del año ya hubo un total de 160 bajas entre despidos y retiros voluntarios.
Con esa demostración de fuerza que adelantó este medio, el gremio manifestó su oposición tajante a la posibilidad de que la embotelladora avance sobre sus afiliados con la eventual reducción de 16 camiones, con dos conductores por vehículo, lo que representaría otros 32 despidos adicionales. En la empresa aseguran que "no hay prevista ninguna reducción ni en unidades ni en trabajadores".
El sindicalista intuye, por el contrario, que el plan iniciado por Coca-Cola va más allá de la embotelladora mexicana. Semanas atrás, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, denunció supuestas presiones de la fabricante de gaseosas sobre sus socias para que se declaren en situación de crisis y así facilitar cambios en las plantillas. Solo la compañía de la fórmula secreta emplea a más de 10.000 personas entre empleados directos y externos en 10 plantas y 92 centros de distribución en el país que son operados a través de sus socios Femsa y Regis (Capital y Buenos Aires), Arca (Norte) y Andina (Centro y Sur).
Moyano también está preocupado por la situación en las contratistas que proveen el servicio logístico a la cervecera Quilmes, con un centro operativo al lado del de Coca-Cola en el Mercado Central, y la multinacional Danone. La fabricante de alimentos y lácteos despidió la semana pasada a 11 trabajadores en su planta ubicada en la localidad de Chascomús, en provincia de Buenos Aires, donde embotella las reconocidas marcas de agua Villa del Sur y Levité. Luego de acumular 70 cesantías en el 2018, en enero pasado envió 40 telegramas de despido en los que ofrecía el pago del 40% de la indemnización, a raíz de la caída del consumo en el mercado interno.
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