Las grandes fortunas españolas afrontan el dilema de qué hacer con su dinero. Hasta ahora, los ricos realizaban sus inversiones a través de las llamdas Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), productos con una fiscalidad muy ventajosa. Sin embargo, la presión política hacia estos productos ha desencadenado una fuga de capital y el cierre de docenas de estos vehículos de inversión.
Según un reciente estudio de la firma Informa D&B, en lo que va de año tan solo se han constituido 8 nuevas Sicav, frente a las 120 que se crearon el pasado ejercicio. Esto representa una caída cercana al 93%. Por otra parte, en 2016 se han disuelto 67 de estos vehículos de inversión, una cifra que casi multiplica por siete a los registrados en todo 2015.
Desde enero, el número de disoluciones de SICAV ha superado al de constituciones, siendo septiembre, con 16, el mes que más ceses ha registrado.
Según Nathalie Gianese, Directora de Estudios de INFORMA D&B: “La evolución del comportamiento de las SICAV es atípica comparada con las cifras de constituciones y disoluciones del conjunto de sociedades, que siguen una evolución opuesta: las creaciones se van recuperando desde 2010 y las disoluciones, tras alcanzar cifras récord en 2013, van disminuyendo”.
Los datos para la elaboración de este estudio han sido extraídos de la Base de Datos de INFORMA D&B que cuenta con 6,7 millones de agentes económicos censados sobre los que ofrece información comercial, financiera y de marketing y que incluye, entre otras fuentes, los datos oficiales del BOE y del Registro Mercantil.
LOS PARTIDOS ESTRECHAN EL CERCO A LAS SICAV
Gianese achaca la decadencia de estos vehículos de inversión a las propuestas de reforma del régimen de SICAV que incluyen los programas de los principales partidos políticos:
• Ciudadanos propone devolver el control fiscal de las SICAV a la Agencia Tributaria (actualmente están supervisadas por la CNMV) y cambiar la tributación al 1% para el tipo general del impuesto de sociedades.
• El PSOE quiere incrementar su control: dar más poder de inspección a la Agencia Tributaria, acotar la participación máxima de cada inversor y fijar un periodo límite de permanencia de las plusvalías acumuladas sin tributar.
• Podemos incluye: controlar el número real y efectivo de socios, establecer un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas así como un porcentaje de participación máxima y un límite de aportación para cada inversor. También quiere devolver a la Agencia Tributaria el control de estos requisitos.
• El PP propone considerar como accionista solo a aquellos que tengan más del 0,55%, para garantizar el carácter colectivo de estas sociedades.
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