Sin
dudas, es así. En toda organización humana puede haber personas
corruptas y, si se las descubre, esa circunstancia no tiñe
necesariamente de corrupta a la organización. Pero esa frase de
Recalde no es más que patear la pelota afuera, porque esquiva el
meollo del asunto. Los gobiernos de los Kirchner fueron corruptos no
porque en ellos hubiera algunos funcionarios subalternos corruptos
(que los hubo y muchos), sino porque los principales corruptos eran
los Kirchner. Así de sencillo.
No
se trató de casos aislados. La corrupción fue un sistema diseñado
desde el vértice del poder. Corrupción y autoritarismo iban de la
mano en la concepción kirchnerista de la política. Los ejemplos son
tan evidentes que ni hace falta a esta altura mencionarlos. Al margen
de otras tropelías, ¿qué otra cosa podían ser Rudy Ulloa Igor y
Lázaro Báez, modestos empleados hasta 2003, que testaferros de los
Kirchner? ¿Y qué decir del ahorrativo secretario Daniel Muñoz,
muerto hace poco tiempo en los Estados Unidos, donde se lo sindica
como dueño de decenas de millones de dólares, a tal punto que este
testaferro se habría visto obligado a tercerizar sus riquezas mal
habidas en otros testaferros?
La
cuantía del desfalco kirchnerista ha obligado a crear al testaferro
del testaferro, y quién sabe si los testaferros de segundo grado no
han disimulado sus bienes a través de testaferros de tercer grado.
Una curiosa variante del multiplicador keynesiano. Recalde responde
con cinismo, pero es probable que muchos militantes de buena fe abran
ahora los ojos y comprendan el colosal engaño al que fueron
inducidos.
La
ex presidente, mientras tanto, llama a algunos periodistas
extranjeros para que lleven al mundo el mensaje de que ella está
perseguida no por haber hecho nada mal, sino precisamente por los
logros de su gobierno. Y tiene el tupé de denunciar que Cambiemos
quiere instaurar un "Estado policial". El cinismo de la
abogada exitosa llega por estos días a cumbres inimaginables.
Por
suerte, nadie es perseguido en la Argentina de hoy. Salvo los
delincuentes, y no por el Poder Ejecutivo, sino por la justicia.