Todos
recordamos la escena: el presidente Adolfo Rodríguez Saá, en su
discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, en los caldeados
días de fin de diciembre de 2001, declaró la cesación de pagos
(default) de la deuda externa de nuestro país. El anuncio fue
coronado por una estruendosa ovación.
Pasaron algunos
años, la Argentina empezó a salir de la crisis, el contexto
internacional se tornó favorable y el presidente Néstor Kirchner
hizo una oferta a los acreedores. Pese a que tenía una importante
quita, un alto porcentaje aceptó canjear sus bonos "defaulteados"
por nuevos bonos.
El problema, que
entonces fue subestimado no solo por el gobierno sino por buena parte
de la oposición, fue que, aunque bastante minoritaria, una parte de
los acreedores rechazó ese canje y decidió litigar contra la
Argentina para que se le restituyera el monto total comprometido
originalmente.
El tema, en un
ámbito nacional, se hubiera resuelto por aplicación de la ley de
concursos y quiebras. Superado cierto porcentaje de aceptación de la
oferta, el resto de los acreedores queda vinculado a ella, aunque no
le guste. Pero en el ámbito de las llamadas "deudas soberanas",
es decir, las deudas de los países, no existen hasta el momento
procedimientos de ese tipo ni instituciones que tengan las
atribuciones para ponerlos en práctica, salvo que los propios
títulos públicos así lo prevean.
Los acreedores
que rechazaron la oferta, los "holdouts", entablaron juicio
contra la Argentina en la jurisdicción fijada por nuestro país en
los bonos, la de Nueva York, que correspondió al ahora famoso juez
Griesa.
Con el correr
del tiempo, buena parte de esos bonos fueron adquiridos por grandes
fondos de inversión, que los compraron baratísimos. No se trató de
ningún fraude. Simplemente, de un negocio en que cada parte evaluó
su conveniencia: los tenedores de bonos cobrarían algo, aunque fuera
muy poco, y se librarían de largos y costosos juicios con final
incierto; los fondos de inversión (que por alimentarse de esa manera
son conocidos como fondos buitres) tenían espaldas anchas para
soportar tiempos y costos, y aceptaron correr el riesgo.
Griesa llevó el
asunto con lentitud, procurando que la Argentina lo resolviera
amigablemente, sin tener que emitir una sentencia. Pero Cristina
Kirchner y su ministro de Economía, Axel Kicillof, en lugar de
intentar persuadir al tribunal, se ocuparon de hostigarlo. Más aún,
anticiparon que no cumplirían una sentencia adversa.
Tal conducta
absurda -increíble, además, en una sedicente "abogada
exitosa"- precipitó el juicio. El Estado argentino perdió en
toda la línea y sus recursos fueron rechazados. La Corte Suprema,
última instancia, no aceptó tratar el caso, por lo que el fallo
quedó firme.
La reacción del
gobierno argentino fue decir que solo pagaría lo que estimara justo,
que era lo mismo que decir que no cumpliría el fallo. Si de las
sentencias adversas solo cumplimos lo que nos parece razonable (que
puede ser nada), estamos desconociendo la existencia y autoridad de
los tribunales.
ALEA
JACTA EST
De nada vale
llorar sobre la deuda derramada. Hay que afrontar el problema con
realismo, en el marco de las opciones que efectivamente existen, no
de nuestras ensoñaciones. Se argumenta que no habría que pagarles a
los "buitres" más que lo que ellos pagaron por los bonos.
Es un debate teóricamente interesante, que se dio en los albores de
los Estados Unidos, pero que ignora dos factores:
1) el deudor
está obligado a pagar aquello a lo que se comprometió; si el
acreedor cedió el crédito, el nuevo acreedor se coloca en la misma
posición que el original;
2) en cualquier
caso, la discusión ya carece de sentido porque existe una sentencia
firme del tribunal elegido por nuestro país.
En consecuencia,
solo hay dos opciones: pagar (con alguna quita consentida por los
holdouts) o no pagar. La segunda opción implicaría profundizar
nuestro actual estado de aislamiento internacional y la falta de
acceso al crédito y a las inversiones. La primera, que es la que con
celeridad y buen criterio negoció el gobierno argentino, permitirá,
en un plazo razonable, terminar con esa situación y sentar las bases
del desarrollo.
Claro que sería
mejor no tener que pagar nada. Pero en materia económica uno puede
hacer cualquier cosa, menos evadirse de las consecuencias de sus
actos. Quienes le reprochan al ministro Alfonso Prat Gay y al
presidente Mauricio Macri que se entregan a los buitres y al
imperialismo, parecieran ignorar esa verdad irrefutable. Hablan como
adolescentes en una tribuna estudiantil, no como estadistas.
Señala el
economista de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan José Cruces:
"Por cada
100 dólares que debíamos en 2001, hoy debemos mucho más que 100.
La deuda inicial fue creciendo por los intereses no pagados desde
2001 y por la pena por mora sobre esos intereses impagos. Si yo le
debía a alguien una vaca en 2001, ahora no le debo una vaca: le debo
la vaca original, más todos los terneros que tuvo desde 2001, más
la leche que dio en estos 15 años, más una pena por mora. Así lo
establecen los contratos que rigen nuestros bonos. La Argentina hizo
default sobre 150 bonos, y cada bono es un contrato independiente,
con su propia fracción de holdouts.
En un trabajo reciente con Tim Samples, profesor de derecho de la
Universidad de Georgia, estudiamos el valor a hoy de los siete bonos
con más holdouts.
Por cada 100 dólares de deuda original, hoy se deben entre 256 y 419
dólares, dependiendo del momento en que el acreedor haya obtenido
sentencia. Fue el costo de no cerrar el problema a tiempo.
¿Lo que ahora
ofrece Mauricio Macri es mucho más que lo que le costó a la
Argentina lo que ofreció Néstor Kirchner? Por una deuda original de
100 dólares a diciembre de 2001, en 2005 se ofreció un paquete de
bonos y cupones PBI que en ese momento valía 37 dólares. Pero ese
paquete le costó muy caro a la Argentina, porque los cupones no
valían casi nada en 2005, pero hubo que pagar mucho por ellos y
todavía deberemos seguir pagando más aún hasta 2035. Por ejemplo,
el cupón PBI en dólares ha tenido un rendimiento muy superior a la
acción de Apple, el arquetipo del éxito, la innovación y la
rentabilidad capitalista de esta década. Sí: los Kirchner les
dieron a los tenedores del cupón PBI más de lo que Steve Jobs les
dio a los accionistas de Apple!"
En síntesis, es
hora de asumir con responsabilidad la realidad tal cual es. La
Argentina debe recuperar su prestigio, su confiabilidad, su crédito.
Es la condición necesaria para todo lo demás.
Si, lo que
parece improbable, el acuerdo fuera rechazado por el Congreso, que
debe derogar la ley cerrojo y la de pago soberano para que ese
entendimiento se perfeccione, quienes por miopía o por torpes
intereses mezquinos contribuyan a esa funesta decisión deberán
cargar con la responsabilidad de nuevas frustraciones, que habrán de
postergar otra vez el lanzamiento de una Argentina de paz, de
progreso y de equidad.