Los dos candidatos que se enfrentarán en el balotaje del domingo coincidieron en campaña en cumplir esta promesa en caso de asumir la presidencia. ¿Qué propone cada uno?
Daniel Scioli y Mauricio Macri, los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en el balotaje del domingo, coincidieron en campaña en prometer medidas para disminuir el déficit habitacional, pero existen matices respecto de las medidas que adoptaría cada uno para lograr ese objetivo. ¿Qué propone cada candidato?
El candidato del Frente para la Victoria (FpV) prometió antes de la elección de primera vuelta “construir un piso de un millón de viviendas en cuatro años”. Para lograrlo, Scioli explicó que planea profundizar el Pro.Cre.Ar., el programa habitacional del Gobierno nacional que hoy otorga dos tipos de créditos: uno para construir una vivienda desde cero, ampliar una vivienda o refaccionar una vivienda; y otro para comprar un terreno y construir una vivienda, o para comprar una vivienda a estrenar ya construida.
“A las actuales líneas de crédito de construcción (con y sin terreno) y de ampliación y terminación, se sumarán dos líneas nuevas: compra de vivienda a estrenar en pozo (orientadas a la construcción de viviendas multifamiliares y edificios en altura en terrenos dentro del tejido urbano) y compra de vivienda usada con un complemento de crédito para refacción”, detalla en un documento la Fundación Desarrollo Argentino, un think tank del sciolismo.
Además, Diego Bossio, director ejecutivo de la ANSES -organismo público a cargo del financiamiento del Pro.Cre.Ar.- explicó que le exigirán a los bancos privados “que parte de sus depósitos sean colocados en créditos a 20 o 30 años y a tasas accesibles para que las familias argentinas puedan comprar su casa”.
Por lo tanto, de acuerdo con las líneas de crédito y la propuesta de la Fundación DAR, Scioli propone otorgar 250 mil créditos por año ya sea para la construcción, compra, ampliación o refacción de una vivienda, pero no todos estos serán para la edificación de casas desde cero.
Hoy en la Argentina hay tres millones de hogares con algún tipo de déficit habitacional (ver este chequeo). Además, según un estudio del especialista en Urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento Eduardo Reese, un 16% de los hogares del país viven en una vivienda alquilada, porcentaje cinco puntos mayor que en 2001.
El programa Pro.Cre.Ar. fue creado en 2012 por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. A más de tres años del anuncio del plan, que preveía la entrega de 400 mil créditos en cuatro años, se entregaron a junio de este año un total de 146 mil créditos si se contabilizan aquellos destinados a la construcción, ampliación y refacción, y los que se otorgaron para adquirir viviendas en desarrollos urbanísticos, es decir el 36% del total previsto (ver este chequeo).
Mauricio Macri, el candidato presidencial de Cambiemos, tambiénpropone “un millón de viviendas nuevas” entre sus propuestas relacionadas con la política habitacional. Según se puede ver en el sitio oficial del candidato, lanzarían esa cantidad de créditos “a 30 años con fondos de la ANSES” y “la cuota mensual será parecida a la de un alquiler”.
La propuesta sería mantener aunque con algunos cambios el plan Pro.Cre.Ar. “Actualmente, Pro.Cre.Ar. presta a una tasa fija del 16% que requiere un esfuerzo enorme a las familias en sus primeros años aunque después se va licuando con la inflación. Con nuestro plan, la ANSES presta a una tasa del 0%, pero que se ajusta cada año según un índice a convenir, probablemente una combinación de inflación y salarios”, detallan en el sitio del candidato de Cambiemos.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), junto con el Banco Ciudad, lanzaron en los últimos tres años dos nuevas líneas de crédito hipotecario: “Primera Casa BA” y “Mi Casa BA”. Si éstas se suman a las líneas creadas en otras gestiones (Créditos Ley 341, por ejemplo), los créditos hipotecarios otorgados durante la gestión del PRO en la Ciudad alcanzan un total de 5700.
El director del IVC, Iván Kerr, señaló a Chequeado que otras modificaciones de la propuesta de Macri es establecer un sistema de puntaje social transparente que priorice a las familias más vulnerables,ampliar las líneas crediticias para incluir opciones de compra de todo tipo de viviendas nuevas y la compra de viviendas usadas y contemplar a las familias que poseen ingresos mixtos (parte demostrable y parte no demostrable) o a las familias que no pueden demostrar ingresos a través de un mecanismo de ahorro previo, entre otras. En la Argentina, uno de cada tres trabajadores asalariados no están registrados (ver este chequeo).
“La propuesta se centra en mantener el funcionamiento del programa, con el desafío de poder incrementar en forma sostenida la cantidad de soluciones a otorgar y multiplicar los resultados alcanzados en el último periodo”, destacó Kerr, quien agregó que el objetivo es “lograr una participación del 7% del PBI de créditos hipotecarios en los próximos ocho años”, es decir dos potenciales gestiones de Cambiemos.
De acuerdo con un informe de First, una consultora dedicada a las finanzas, en 2013 en la Argentina los créditos hipotecarios representaban el 1,6% del PBI, por debajo del 4% o 5%, de países como Uruguay, Perú y Colombia; del 7,7% de Brasil y del 19% de Chile.
Si se utilizan datos de 2015, el portal Reporte Inmobiliario calculó que el porcentaje de créditos disminuye a 0,95% del PBI para el segundo trimestre de este año. “Esta relación del total de stock de créditos hipotecarios con relación al PBI no sólo es bajísima con relación a otros países de la región, sino también si se la compara con la que existe a nivel internacional”, concluye.
Un tercio de quienes están ocupados tiene un empleo informal. El porcentaje actual es el más bajo del período 2003-2015, aunque en los últimos cuatro años casi no mejoró.
Un spot del candidato presidencial por el PRO dentro del frente Cambiemos, Mauricio Macri, señala que “hoy, uno de cada tres trabajadores de Argentina está en negro, sin obra social, ni jubilación”.En la pieza, promete incentivar a los empleadores para que pongan en blanco a su personal, y así ellos y sus familias están “protegidos por el Estado”.
Un 31,9% de los ocupados en el primer trimestre de 2015 no estaba registrado, por lo que no contaba con cobertura de una obra social, ni aportes para su jubilación. Si bien este es el porcentaje más bajo al menos desde 2003, cuando casi la mitad de los trabajadores estaba en negro, la situación casi no se modificó en los últimos cuatro años, en los que se ubicó siempre en torno al 32 por ciento en promedio.
Si además se contabiliza a los trabajadores cuentapropistas, trabajadores familiares, miembros de cooperativas, miembros informales y dueños de sus propias empresas del sector informal, como lo hace la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al considerar el empleo no registrado, se llega a un 46,8% de los trabajadores del país en situación informal(último dato disponible, de 2013).
“La persistencia de una importante cantidad de trabajadores afectados por esta problemática -destaca un estudio publicado recientemente por la OIT- convierte a la informalidad en el mayor desafío para la gestión de políticas públicas en los próximos años en materia laboral y productiva”.