La decisión del Banco Central de revocar el mandato de Gabriel Martino como presidente delHSBC y ordenarle a ese banco que designe a su reemplazante desató una guerra de comunicados entre la entidad monetaria y ABA, la asociación que nuclea a los bancos extranjeros.
Por la mañana, la Asociación de Bancos de la Argentina cuestionó se abroqueló en defensa de Martino y cuestionó en duros términos la orden del Central. La decisión, sostuvo ABA, “no se ajusta a derecho habida cuenta que no se han respetado las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio ya que se adoptó sin permitir a los interesados realizar el descargo correspondiente”.
“Asimismo, ante ciertas informaciones o apreciaciones de sesgo difamatorias contra los sres. Martino y Estevez, queremos manifestar enfáticamente que confiamos plenamente en la idoneidad y buen nombre de los mencionados directivos y hacemos saber a la comunidad que se trata de excelentes profesionales, con amplios conocimientos en el sistema financiero argentino e internacional y con una trayectoria de más de 26 y 47 años, respectivamente”, agrega el comunicado de la Asociación.
Poco más tarde, el Banco Central salió a responder con un comunicado igual de duro. “El BCRA ratifica la decisión respecto de los ex directivos del HSBC Bank y enfatiza que cumple con regulaciones nacionales e internacionales”, afirmó la entidad.
El texto de la entidad que preside Alejandro Vanoli habla de “la pérdida de idoneidad de quienes ejercían las funciones de presidente y vicepresidente del HSBC Argentina” y ratifica su “facultad de análisis y revisión de los antecedentes sobre idoneidad, probidad y experiencia de los directivos de las entidades”.
Además, el texto del BCRA denuncia: “Nuevamente, la corporación de bancos extranjeros parece perseguir el objetivo de un supervisor débil que deje indefensos a los usuarios de servicios financieros, los que sin una efectiva intervención del Banco Central quedarían expuestos a conductas poco transparentes”. “Finalmente –concluye el comunicado-, es falso que en este caso no se hayan respetado las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio, por cuanto existen vías administrativas y judiciales para la defensa de los derechos que se consideren afectados”.