La Cámara de Senadores comenzará a analizar en comisión esta semana el proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas, que reunirá todas las participaciones de la ANSeS en empresas privadas.
La iniciativa comenzará a tratarse mañana en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Trabajo y Previsión Social. Diego Bossio, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), será el encargado de presentar el proyecto anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves pasado.
El proyecto prevé la creación de un organismo que se encargará de manejar las acciones de empresas privadas que se encuentran en manos del Estado, y que para vender las acciones será necesario que el Congreso lo apruebe por dos tercios de los votos. Una vez creada, la agencia será presidida por el titular de la ANSeS.
En caso de que se convierta en ley el proyecto, el próximo Gobierno tendrá que mantener las participaciones accionarias que posee en bancos (Macro, BBVA, Hipotecario o Galicia), empresas de servicios públicos privatizados (Edenor, Metrogas, TGN), siderúrgicas (Siderar, Aluar), alimentos (Molinos, Quickfood) o empresas como Consultatio (Nordelta). En esas compañías, el Estado coloca directores en proporción a lo que lo habilitan las acciones.
Según advirtió el diario Ámbito Financiero, si el oficialismo logra mantener esa cláusula, será casi imposible que en los próximos dos años algún partido obtenga esa mayoría absoluta, con lo que se garantizaría que las acciones no se vendan. Pero podría ser declarada inconstitucional, porque para incluir esa cláusula la norma debería aprobarse también con dos tercios de los votos.
Para otros especialistas, sólo se pueden exigir mayorías especiales para los casos establecidos por la Constitución Nacional. Pero para el kirchnerismo la Constitución no es el único ámbito en el que se definen mayorías exigibles para la sanción de leyes. Pero admiten que para garantizar la cláusula que pide la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrán que alcanzar una mayoría calificada ahora.
El proyecto prevé la creación de un organismo que se encargará de manejar las acciones de empresas privadas que se encuentran en manos del Estado, y que para vender las acciones será necesario que el Congreso lo apruebe por dos tercios de los votos. Una vez creada, la agencia será presidida por el titular de la ANSeS.
En caso de que se convierta en ley el proyecto, el próximo Gobierno tendrá que mantener las participaciones accionarias que posee en bancos (Macro, BBVA, Hipotecario o Galicia), empresas de servicios públicos privatizados (Edenor, Metrogas, TGN), siderúrgicas (Siderar, Aluar), alimentos (Molinos, Quickfood) o empresas como Consultatio (Nordelta). En esas compañías, el Estado coloca directores en proporción a lo que lo habilitan las acciones.
Según advirtió el diario Ámbito Financiero, si el oficialismo logra mantener esa cláusula, será casi imposible que en los próximos dos años algún partido obtenga esa mayoría absoluta, con lo que se garantizaría que las acciones no se vendan. Pero podría ser declarada inconstitucional, porque para incluir esa cláusula la norma debería aprobarse también con dos tercios de los votos.
Para otros especialistas, sólo se pueden exigir mayorías especiales para los casos establecidos por la Constitución Nacional. Pero para el kirchnerismo la Constitución no es el único ámbito en el que se definen mayorías exigibles para la sanción de leyes. Pero admiten que para garantizar la cláusula que pide la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrán que alcanzar una mayoría calificada ahora.