El juez del tercer distrito de Nueva York, Thomas Griesa, ya encabeza la audiencia con los abogados del Citibank, los holdouts y la Argentina para definir si, en el marco del bloqueo que trabó tras el fallo a favor de los fondos buitre, otra vez permite “por única vez” el pago de bonos Par bajo ley argentina que vencen el 31 de marzo.
Si Griesa convalida la posición que comparten la argentina y el Citi y habilita definitivamente el pago de esos vencimientos, el Gobierno quedaría con vía libre para efectuar una colocación de títulos públicos en divisas bajo ley local, una de las opciones más palpables que maneja el ministro Axel Kicillof.
Sin embargo, los pronósticos no eran unánimes.
Los abogados y expertos que siguen de cerca el llamado "juicio del siglo" manejan distintos escenarios.
En el mejor de los casos, Griesa podría decidir que, tal como plantean Argentina y el Citi, los bonos en dólares bajo ley local no son deuda externa, sino deuda doméstica nominada en moneda extranjera (DFCI, sus siglas en inglés). Eso despejaría la posibilidad del Gobierno de emitir nuevos títulos en esas mismas condiciones.
Sin embargo, la operación para colocar nueva deuda que trascendió la semana pasada –a través del JP Morgan y el Deutsche Bank y por hasta u$s 2.000 millones en una plaza que no fuera Nueva York- podría haber cambiado el humor del magistrado y algunos economistas creen que Griesa podría ahora fallar a favor de los holdouts y trabar los pagos de deuda de ley local, por entender que Argentina sigue intentando evadir sus fallos.
Esta mañana, horas antes de la audiencia clave en Nueva York, el ministro de Economía, Axel Kicillof, había renovado sus críticas al magistrado norteamericano, al que acusó de armar “un puchero legal” entre la Argentina y los holdouts.
Ayer venció el plazo para que nuevos “me toos” se anexaran al fallo que benefició, entre otros, al fondo NML de Paul Singer. Según trasncedió, a los u$s 1.300 millones originales (a los que los intereses ya llevaron hasta al menos unos u$s 1.700 millones) se habrían sumado reclamos por u$s 6.000 millones.