La
reacción del gobierno nacional frente a la marcha del 18F fue la
esperada, pero todavía peor.
No
se trató solamente de los habituales voceros oficiosos que, al
estilo de Luis D´Elía, dicen lo que las máximas autoridades
piensan pero creen imprudente declarar. Esta vez, fue la propia
presidente la que arremetió sin medidas tintas contra quienes
asistieron a la marcha.
En
un extenso texto publicado en su cuenta de la red social Facebook, la
señora de Kirchner sostuvo que la multitudinaria manifestación
había sido "el bautismo de fuego del Partido Judicial".
Retomó también el argumento ya usado por algunos de sus acólitos,
según el cual sería insólito que los fiscales pidieran justicia,
cuando su función es procurar lograrla.
Por
supuesto, tales comentarios son falaces. Los fiscales no convocaron a
la marcha con el propósito de reclamar justicia, sino con el de
honrar a un colega muerto en el cumplimiento de su deber. Otros
ciudadanos sí formularon ese reclamo, legítimamente.
En
cuanto al supuesto Partido Judicial, es una patraña de la más baja
estofa. Es precisamente el kirchnerismo el que politizó a la
justicia. No solo con esa absurda idea de que todo es político, sino
en términos más concretos organizando una suerte de partido K
dentro de la justicia argentina, llamada "Justicia Legítima".
Nada
tiene que ver una marcha de ciudadanos de las más diversas
extracciones, convocada en torno a un suceso trágico que enluta al
país, con un Partido Judicial. Justamente ese reclamo generalizado
de justicia exige, entre otras cosas, que el gobierno desactive esa
subordinación sectaria de los magistrados.
Otro
disparate es la consigna con la que el gobierno está convocando a
sus partidarios a una manifestación el 1° de marzo: "La
democracia no se imputa". La frase es tremendamente
reveladora: indica que Cristina Kirchner se cree la encarnación
misma de la democracia.
Claro
que la democracia no se imputa penalmente. Lo que se imputan son
personas, como ella lo es.
El
concepto es preconstitucional y remite al viejo aforismo de la
monarquía británica: "The king can do no wrong" (el rey
no puede equivocarse). En el Estado de Derecho, en cambio, el Estado
y los funcionarios que lo integran se subordinan como cualquier
persona al derecho.
¿Qué
pretenden? ¿Estar al margen de la ley?
Sin
duda, pero pocas veces lo habían dicho con tan brutal claridad.