La
imputación del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina
Kirchner es de una gravedad institucional inusitada y exige la
urgente intervención del Congreso de la Nación.
La denuncia contiene elementos
probatorios muy convincentes, que deben ser analizados por el
Congreso no solamente para determinar responsabilidades políticas,
sino por sus efectos sobre las relaciones internacionales y la
posición jurídica y política de la Argentina ante el mundo.
Recordemos que desde esta
columna planteamos una serie de interrogantes cuando, en enero de
2013, el gobierno argentino anunció la firma de un memorándum de
entendimiento con Irán relativo a la investigación de la masacre
ocurrida el 18 de julio de 1994 en la Asociación Mutual Israelita
Argentina y que costara la vida de 85 personas, dejando, asimismo, un
saldo de 300 heridos.
Esos cuestionamientos se
basaban en el hecho concreto que la justicia argentina tenía y tiene
la vehemente sospecha de que el atentado fue organizado por altos
funcionarios del régimen iraní. Luego de años de demoras y
encubrimiento, en 2006 resolvió imputar a ocho de ellos. Irán ha
negado desde siempre toda responsabilidad.
Entonces, ¿de qué iban a
hablar? ¿Qué negociación podía haber con los imputados de cometer
unos crímenes tan horrendos?
La presidenta calificó aquel
acuerdo, de histórico. Y lo fue, sin dudas, por lo ridículo y lo
vergonzoso.
El objeto del pacto era
sumamente vago. Establecía una "Comisión de la Verdad" –
integrada por juristas propuestos por ambos países - para "analizar"
la documentación presentada por las autoridades judiciales de la
Argentina e Irán (art. 1º). Los comisionados "llevarán
adelante una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno
de los acusados" (art. 3º). Luego de ese análisis, la Comisión
"expresará su visión y emitirá un informe con recomendaciones
sobre cómo proceder con el caso" (art. 4º).
¿A qué efectos se realizaría
la revisión y se emitirían las recomendaciones? ¿Y a quiénes se
dirigirían estas? El acuerdo decía que "a las partes".
Pero en el caso de la Argentina hay una causa judicial en trámite.
¿Qué haría el gobierno argentino con esas recomendaciones? ¿Se
las giraría al juez y al fiscal de la causa? En tal caso, ¿para
qué?
Por tratarse de
recomendaciones, no tenían carácter vinculante. Y si lo tuvieran,
se estaría detrayendo una causa judicial respecto de un delito
cometido en territorio argentino del conocimiento de los tribunales
de nuestro país, en franca violación del principio de la división
de poderes y de la independencia judicial.
No obstante, aún como simples
recomendaciones, constituían una forma indebida de interferencia en
una causa judicial y le servirían a Irán como antecedente para
negarse en su oportunidad a extraditar a los eventuales condenados de
ese país.
Nos resultaba, entonces,
inexplicable el motivo que había llevado al gobierno argentino a
ceder la soberanía nacional. El crimen fue cometido en territorio
argentino y debe ser juzgado por los tribunales locales.
Mientras la relación de
nuestro país con las democracias más avanzadas es fría u hostil,
ahora privilegiábamos la relación con un régimen teocrático,
abiertamente antisemita.
Paradójico: el gobierno que se jacta falsamente de ser el campeón
de los derechos humanos terminaba abrazado a una dictadura que niega
el Holocausto y que mantiene a las mujeres en una condición jurídica
inferior.
Los argentinos sabíamos desde
ya que si de algo podíamos estar seguros es de la absoluta
inutilidad para la investigación de los crímenes de aquel insólito
acuerdo.
Otorgarle a quien aparece como
victimario el derecho de revisar – no como un acusado que se
defiende, sino como un actor neutral - la investigación judicial de
la que surge “prima facie” su responsabilidad penal difícilmente
haya tenido precedentes.
Entonces, volvíamos, con las
mismas preguntas: cuál era el real trasfondo de esta mascarada es
algo que nos costabas comprender.
Cuál podía
ser el rédito para la Argentina. ¿Qué había detrás?.
En su hora el periódico iraní
"Teherán
Times" celebraba ese pacto como un gran triunfo del gobierno de
Irán y "un golpe contra el sionismo y los Estados Unidos",
señalando que "el gobierno argentino se ha dado cuenta de que
ha sido víctima de una trama política mucho más compleja y de que
la Justicia ha sido influida por grupos de lobby foráneos". En
esa misma línea, atribuía la creación de la Comisión de la Verdad
a un "claro cambio" en la posición de nuestro país, que
habría descubierto ahora que el rumbo de la investigación que lleva
a cabo el fiscal, de la que surgía la imputación a los funcionarios
iraníes, estaba completamente equivocado.
Por más repulsa que nos
causaban estos comentarios, ellos ayudaban a entender de qué se
trataba: el gobierno argentino había renunciado a la búsqueda de la
verdad y de la justicia, y le brindaba al régimen de Teherán una
inesperada vía de escape de su responsabilidad internacional.
El solo hecho de que resulte
verosímil que se haya pactado la impunidad de los sospechados de
perpetrar la masacre de la AMIA a cambio de beneficios económicos es
tan escandaloso que cuesta concebir una indignidad mayor, aún en un
país signado por un derroche de indignidades. Que la justicia actúe
con la mayor libertad y que los órganos políticos asuman sin medias
tintas su responsabilidad en esta dolorosa cuestión.
Sólo cabe esperar que la
memoria de las víctimas y el dolor de los deudos no haya sido objeto
de negociaciones espurias ni moneda de cambio en arreglos económicos
de trastienda.
Dr.
Jorge R. Enríquez