Tal cual señalamos ayer, el gobierno atraviesa escollos para avanzar en la justicia penal económica y movilizar la investigación de las cuentas suizas del HSBC. La primera jueza interviniente Ana María Straccia, quien es conocida por su exclusiva cautela hacia el poder, se excusó por razones personales. Entonces la Cámara volvió a sortear y le tocó al juez Javier López Biscayart, al cual el gobierno no lo puede ni ver desde que tramitó el caso Skanska, quizás el primero de grave corrupción institucional, que involucraba a muchos grandes grupos empresarios. En esa oportunidad, el gobierno movió eficientemente sus hilos y logró neutralizarlo enviando el expediente a la justicia federal criminal y correccional, en épocas en que ese fuero era una garantía para el gobierno por sus sobreseimientos. Así fue que Skanska quedó en la nada a fines del 2006. A partir de ahí, López Biscayart ganó varios concursos para vocal de Cámara Federal en lo Penal Tributario, pero la mayoría automática que el oficialismo controlaba en aquellos tiempos en el Consejo de la Magistratura lo desplazó. Esta manipulación de concursos llega hasta ahora, como en el último concurso que ganó Mariano Llorens, hijo de un subsecretario del Ministerio de Planificación cuyo titular es Julio de Vido.
La influencia sobre el caso Báez
Ahora López Biscayart, ante el envío por Ricardo Echegaray de varias camionetas con las carpetas relacionadas con las cuentas suizas, las rechazó por estar estudiando la excusación de la jueza Straccia y si finalmente aceptará el caso. Echegaray pretende que el mismo sea caratulado como asociación ilícita pero Julio Sbatella, el jefe de la Unidad de Información Financiera, dijo que el delito de evasión impositiva prescribió, porque la información data del 2006, pero agregó que, a su criterio, estamos ante el delito de lavado de dinero. Pero en nuestra legislación, el lavado de dinero exige un delito previo que en este caso sería la evasión, que está prescripta. A todo esto y, como dijimos, Echegaray presiona, como dijimos, para que sea calificada como asociación ilícita, pero nuevamente esta conducta sería para evadir impuestos, lo que ya prescribió.
En el caso Hotesur, el senador Aníbal Fernández planteó que el juez Claudio Bonadío le debe enviar la causa a su par Sebastián Casanello, que está investigando el supuesto caso de lavado de dinero por parte de Lázaro Báez y otros. Pero Bonadío está trabajando en una etapa primaria para determinar otros delitos como la adjudicación de obras públicas sobrefacturadas a Báez y el alquiler simulado -y masivo- de habitaciones en los hoteles de la familia presidencial como mecanismo para hacer efectivo el retorno por la adjudicación de obras. En caso de que avance la prueba de estos delitos, el juez Sebastián Casanello ya contaría con el delito previo que exige el lavado de dinero de Báez, que hasta ahora eludió probar.
