LA SEMANA EN POCAS PALABRAS
Descartado un acuerdo con los “holdouts”, el gobierno decidió esta semana avanzar en una modificación del lugar de pago de los títulos restructurados en los canjes de los años 2005 y 2010, junto con la apertura de la opción de un cambio en la legislación y jurisdicción de esos bonos para los tenedores que así lo quisieran.
La opción del cambio en el lugar de pago y/o jurisdicción de los títulos era uno de los caminos que se le abrían al gobierno después que quedara firme la sentencia de la Justicia norteamericana en favor de los “holdouts” y, si bien las autoridades argentinas ya habían mencionado esta posibilidad anteriormente, se estimaba que por las complejidades y potenciales costos que traía aparejadas esta operación las probabilidades de que se terminara optando por esta línea de acción no eran originalmente elevadas.
El proyecto de ley presentado por el gobierno apunta a permitir a los tenedores de los títulos restructurados en 2005-2010 a optar por mecanismos alternativos de cobro, incluyendo la acreditación de los fondos en Buenos Aires, a través de Nación Fideicomisos. Ahora bien, dados los problemas operativos de esta medida, la baja probabilidad de eludir las trabas impuestas por la Justicia norteamericana para girar los fondos al exterior y las restricciones con las que cuentan muchos inversores institucionales para contar con títulos de deuda que tengan otra legislación que no sea la americana o la inglesa, el grado de adhesión que tendría esta propuesta sería reducido, por lo que la incertidumbre aparejada a esta nueva jugada oficial ya ha comenzado a repercutir en los mercados y no tardará en hacerse sentir sobre el resto de la economía.
A corto plazo, el desobedecer lo dispuesto por la Justicia norteamericana tiende a aislar financieramente al país y, con el acceso al financiamiento externo virtualmente vedado, las perspectivas de una creciente escasez de divisas no tardó en disparar las expectativas de devaluación, en una economía a la que le sobran pesos y le faltan dólares. El dólar “blue” trepó a los $14, llevando la brecha con el tipo de cambio oficial a casi el 70%, mientras que el dólar “contado con liquidación” se acercó a los $13, reflejo de una creciente fuga de capitales. En línea con el salto que experimentaron las cotizaciones alternativas del dólar, el gobierno también se vio obligado a imprimir una mayor velocidad al deslizamiento del tipo de cambio oficial, llevándolo a $8,4, mostrando la tasa de depreciación más acelerada desde el salto cambiario de enero, en una plaza donde escaseó la oferta y aumentó la demanda de divisas.
Claramente, estas son malas noticias para una economía ya venía de por si debilitada por las propias inconsistencias de la política macroeconómica. Previo a estos movimientos, los datos de la economía real habían mostrado un nuevo deterioro de la actividad agregada al inicio del segundo semestre, con una caída del 2,3% interanual en julio, según las mediciones del IGA de Ferreres. Paralelamente, en el mercado de trabajo, según las estimaciones del propio INDEC, se habrían perdido unos 117 mil puestos de trabajo en los centros urbanos cubiertos por la EPH en la primera mitad del año, lo que equivale a una destrucción de cerca de 300 mil empleos a nivel país. Como resultado de lo anterior, la tasa de empleo cayó al 41,4%, su nivel más bajo de los últimos ocho años, mostrando su cuarta caída interanual consecutiva. Obviamente, con el conflicto por la deuda escalando, las perspectivas para el segundo semestre no apuntan en otra dirección más que en una profundización de esta tendencia.
Pero así como las últimas medidas oficiales tendrían costos palpables a corto plazo, las consecuencias a mediano plazo no son para nada despreciables. La posibilidad de que los tenedores de títulos restructurados soliciten una aceleración de los pagos podría poner en jaque a los canjes de los años 2005 y 2010. En otras palabras, por no poder llegar a un acuerdo con los fondos litigantes (con una tenencia original de menos del 1% de la deuda defaulteada en el 2001, cuya situación se podría extender, de máxima, al 7% de los “holdouts”), se pondría en riesgo la situación del 93% de los tenedores de títulos que sí ingresaron a los canjes, lo cual podría desembocar en una nueva restructuración de la deuda soberana, la tercera en menos de tres décadas, dejando otra pesada herencia para la administración que asuma el poder a fines de 2015.