Representantes de Argentina se reunirán el próximo lunes en Nueva York con Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa para intervenir en las negociaciones por el pago de la sentencia del juicio por la deuda en default.
Si bien todavía no se definió quiénes encabezarán la delegación que viajará para reunirse con Pollack, podría estar a cargo del ministro de Economía, Axel Kicillof, que este jueves viajará a Washington para exponer en una reunión especial convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar las consecuencias del denominado "juicio del siglo".
En el comunicado en el que confirmó la primera reunión con Pollack, el Ministerio de Economía reiteró su "vocación para negociar en condiciones justas, equitativas y legales que contemplen los intereses del 100 por ciento de los acreedores, lo que significa puntualmente que se permita cobrar a los bonistas reestructurados en el vencimiento en curso".
El Gobierno había puesto como condición para sentarse a negociar la suspensión de la medida que impide pagar al 92,4 por ciento de los acreedores que participaron de los canjes de 2005 y 2010. Pero la semana pasada, el juez neoyorquino Thomas Griesa rechazó ese pedido, por lo que el Gobierno transfirió los 832 millones de dólares a dos cuentas que el Bank of New York Mellon (BONY) tiene en el Banco Central (BCRA). El objetivo era pagar el vencimiento que se produjo ayer y evitar un default, pero el magistrado estadounidense impidió que se concretase la operación.
Para la Casa Rosada, los fondos a disposición del BONY pertenecen a los inversores, aunque el agente de pago no completó las trasferencias por orden de Griesa a los tenedores de bonos con legislación de Estados Unidos y los emitidos bajo ley inglesa. Si esos pagos no se concretan antes del 30 de julio se declarará un default legal.
Fuentes del Palacio de Hacienda adelantaron que durante el encuentro del próximo lunes "vamos a reiterarle al delegado del juez las consecuencias de implementar el fallo y a escuchar su posición".
Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene su estrategia de buscar apoyo de Estados y Organismos internacional para presionar a la justicia norteamericana.
En ese sentido, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que este jueves escuchará en Washington a Kicillof, quién les explicará a los cancilleres de los países miembro el desarrollo del proceso judicial, que obliga al país a pagar 1.330 millones de dólares a NML Capital y a otros litigantes, lo que perjudicaría al 92,4 por ciento que participó de la reestructuración.
Mientras Carmen Lomellin, representante de Estados Unidos, pidió "no interferir" con las decisiones de la Justicia de su país, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, calificó la decisión de Griesa como "insólita" porque dejó a Argentina al borde de un nuevo default.
Además de la OEA, el G-77 envió una carta la semana pasada al presidente de Estados Unidos y a la Justicia de ese país en defensa de Argentina.
En el comunicado en el que confirmó la primera reunión con Pollack, el Ministerio de Economía reiteró su "vocación para negociar en condiciones justas, equitativas y legales que contemplen los intereses del 100 por ciento de los acreedores, lo que significa puntualmente que se permita cobrar a los bonistas reestructurados en el vencimiento en curso".
El Gobierno había puesto como condición para sentarse a negociar la suspensión de la medida que impide pagar al 92,4 por ciento de los acreedores que participaron de los canjes de 2005 y 2010. Pero la semana pasada, el juez neoyorquino Thomas Griesa rechazó ese pedido, por lo que el Gobierno transfirió los 832 millones de dólares a dos cuentas que el Bank of New York Mellon (BONY) tiene en el Banco Central (BCRA). El objetivo era pagar el vencimiento que se produjo ayer y evitar un default, pero el magistrado estadounidense impidió que se concretase la operación.
Para la Casa Rosada, los fondos a disposición del BONY pertenecen a los inversores, aunque el agente de pago no completó las trasferencias por orden de Griesa a los tenedores de bonos con legislación de Estados Unidos y los emitidos bajo ley inglesa. Si esos pagos no se concretan antes del 30 de julio se declarará un default legal.
Fuentes del Palacio de Hacienda adelantaron que durante el encuentro del próximo lunes "vamos a reiterarle al delegado del juez las consecuencias de implementar el fallo y a escuchar su posición".
Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene su estrategia de buscar apoyo de Estados y Organismos internacional para presionar a la justicia norteamericana.
En ese sentido, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que este jueves escuchará en Washington a Kicillof, quién les explicará a los cancilleres de los países miembro el desarrollo del proceso judicial, que obliga al país a pagar 1.330 millones de dólares a NML Capital y a otros litigantes, lo que perjudicaría al 92,4 por ciento que participó de la reestructuración.
Mientras Carmen Lomellin, representante de Estados Unidos, pidió "no interferir" con las decisiones de la Justicia de su país, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, calificó la decisión de Griesa como "insólita" porque dejó a Argentina al borde de un nuevo default.
Además de la OEA, el G-77 envió una carta la semana pasada al presidente de Estados Unidos y a la Justicia de ese país en defensa de Argentina.
nosis