La Corte Suprema de Estados Unidos recibió cuatro escritos en favor de la postura de Argentina en el litigio que mantiene con los fondos buitres, entre los que se encuentran el del gobierno de Francia.
Argentina recibió el apoyo además, de los fondos Exchange Bondholder Group, Fintech y los denominados Euro Bondholders, que se presentaron como amicus curiae (amigos de la corte) ante el tribunal supremo estadounidense, con el objetivo de que se revierta el fallo del juez federal Thomas Griesa en el litigio que el país mantiene con NML Capital, Aurelius y unos trece bonistas minoristas. Todos ellos ya habían respaldado a Argentina ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, y representan a bonistas que ingresaron en alguno de los canjes que ofreció la Casa Rosada en 2005 y 2010.
El Exchange Bondholder Group aseguró en su presentación que si se obliga a Argentina a pagar los 1.300 millones de dólares que exigen los fondos buitres en un sólo pago, el país podría entrar en default "de más de 24.000 millones de dólares de deuda" de los tenedores de deuda reestructurada, que ya aceptaron "un fuerte descuento sobre sus créditos originales".
Ese fondo, que tiene servicios de deuda por cobrar por 1.500 millones de dólares, consideró además que la sentencia de Griesa afecta los derechos de propiedad de miles de acreedores "que no son más que terceras partes en esta contienda".
Para el Exchange Bondholder Group, el fallo del juez Griesa "excede el alcance de los remedios de equidad que tienen disponibles las cortes federales".
Otro de los amicus curiae presentado a favor de Argentina fue el de la Caja de Valores, que advirtió que la resolución del magistrado neoyorquino podría causar una "disrupción institucional" del mercado de valores y del sistema de pagos, y consideró que no se respetaría la presunción de territorialidad.
En ese sentido, la Caja considera que el fallo alcanza a activos que se encuentran fuera del territorio de Estados Unidos; y que un fallo adverso a Argentina podría afectar el funcionamiento eficaz del sistema, imponiendo costos significativos y retrasos en el sistema internacional de pagos de títulos soberanos.
El gobierno de Francia presentó su escrito el viernes, con el objetivo de "alertar" al máximo tribunal de Estados Unidos sobre "las potenciales implicancias de su decisión en el correcto funcionamiento del sistema financiero internacional".
En cambio el gobierno de Barack Obama y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no presentaron sus apoyos como habían adelantado que harían, con el argumento de que este "no es el momento indicado" para hacerlo.
Los fondos buitres tendrán tiempo hasta el 26 de agosto para presentar su respuesta a la postura argentina. Y la Corte Suprema definirá su agenda para el año próximo en octubre, cuando decidirá si toma o no el caso.
En la Casa Rosada esperan que el litigio se extienda y que no afecte los pagos de este año a los bonistas reestructurados, que deberán concretarse en septiembre y diciembre.
El Exchange Bondholder Group aseguró en su presentación que si se obliga a Argentina a pagar los 1.300 millones de dólares que exigen los fondos buitres en un sólo pago, el país podría entrar en default "de más de 24.000 millones de dólares de deuda" de los tenedores de deuda reestructurada, que ya aceptaron "un fuerte descuento sobre sus créditos originales".
Ese fondo, que tiene servicios de deuda por cobrar por 1.500 millones de dólares, consideró además que la sentencia de Griesa afecta los derechos de propiedad de miles de acreedores "que no son más que terceras partes en esta contienda".
Para el Exchange Bondholder Group, el fallo del juez Griesa "excede el alcance de los remedios de equidad que tienen disponibles las cortes federales".
Otro de los amicus curiae presentado a favor de Argentina fue el de la Caja de Valores, que advirtió que la resolución del magistrado neoyorquino podría causar una "disrupción institucional" del mercado de valores y del sistema de pagos, y consideró que no se respetaría la presunción de territorialidad.
En ese sentido, la Caja considera que el fallo alcanza a activos que se encuentran fuera del territorio de Estados Unidos; y que un fallo adverso a Argentina podría afectar el funcionamiento eficaz del sistema, imponiendo costos significativos y retrasos en el sistema internacional de pagos de títulos soberanos.
El gobierno de Francia presentó su escrito el viernes, con el objetivo de "alertar" al máximo tribunal de Estados Unidos sobre "las potenciales implicancias de su decisión en el correcto funcionamiento del sistema financiero internacional".
En cambio el gobierno de Barack Obama y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no presentaron sus apoyos como habían adelantado que harían, con el argumento de que este "no es el momento indicado" para hacerlo.
Los fondos buitres tendrán tiempo hasta el 26 de agosto para presentar su respuesta a la postura argentina. Y la Corte Suprema definirá su agenda para el año próximo en octubre, cuando decidirá si toma o no el caso.
En la Casa Rosada esperan que el litigio se extienda y que no afecte los pagos de este año a los bonistas reestructurados, que deberán concretarse en septiembre y diciembre.
nosis