El aumento de las erogaciones de los estados argentinos a lo largo de este siglo es impresionante pese a no conocerse con total precisión dado que las trampas del INDEC se han contagiado a otros ámbitos del gobierno. Sin embargo, nuestras (creemos que razonables) estimaciones nos muestran que el gasto consolidado de la Nación, las provincias, los municipios y las obras sociales llegó en 2012 a unos 1.128.000.000.000 de pesos o, para entenderlo mejor, a
247.600
millones de dólares, con
un aumento de 210.000 millones de dólares o 17 puntos del PIB desde
2003.
En el mismo período el gasto de la Nación llegó a 139.000 millones
de dólares con un aumento de 120.000 millones.
La
pregunta que muchos se formulan es ¿adónde fue a parar tanta plata?
Las inversiones en capital físico explican 10% del aumento total
2003-2012, o sea
21.000
millones de dólares. No lucen, por las enormes deficiencias de
infraestructura que se padecen, sobre todo en energía y transportes,
incluso las que cuentas decenas de vidas en el ferrocarril Sarmiento
o en La Plata. Hay también serias inconsistencias entre distintas
cifras oficiales sobre inversión pública y esto aumenta la sospecha
de que tanta plata no luce como debiera por lo mucho que queda en las
cajas de funcionarios y empresarios corruptos. En el gasto corriente,
en línea con el relato oficial, el social fue el de mayor aumento,
dando cuenta del 65% del incremento total, con aportes muy relevantes
del gasto previsional, con 23,7% del aumento consolidado y 34,1% del
nacional; la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, con
sólo 6,7% del aumento total del gasto nacional –pese al relato
oficial-pero con un notable 30,9% del aumento del gasto provincial y
la salud, con aproximadamente un 15%. Los dos últimos rubros
muestran una significativa inversión en capital humano y el gasto
previsional ha logrado cubrir con jubilaciones o pensiones a más del
90% de personas en la edad. Esta preeminencia del gasto social y
previsional –cabe decirlo-es igual a la de los últimos veinte
años. Lo que sí cambió, y mucho, fue la posibilidad de hacerse de
los recursos para aumentarlos.
Claro,
no todo es deslumbrante y hay falencias evidentes en la equidad, la
cobertura, la eficacia y la sostenibilidad de este enorme esfuerzo
social. El gran mentís en cuanto a la equidad es el descomunal
aumento de los subsidios que, aun después de las correcciones del
2012, siguen beneficiando en buena medida a sectores de ingresos
medios y altos del Gran Buenos Aires en desmedro de los más pobres y
del Interior. En los primeros cuatro meses del 2013 están aumentando
un 54,9% interanual y a fines de este año la suma total entregada
desde 2003 estará cerca de 100.000 millones de dólares (sic), 57%
destinados a la energía y 30% al transporte. No menos de la mitad de
los subsidios energéticos se ha otorgado a sectores sociales con
capacidad de pago. Claros problemas de cobertura del gasto se
manifiestan, por ejemplo, en la asignación por hijo, un programa
apoyado por casi toda la sociedad pero que el gobierno demoró hasta
lograr arrebatarlo de manos de la oposición. Alegran por cierto sus
aumentos recientes pero no son coherentes con la insuficiente
cobertura. Según un reciente informe del Observatorio de la Deuda
Social de la Universidad Católica, cerca del 50% de los menores de
17 años de hogares indigentes no recibían esta asignación en 2012.
Y aunque estos hogares reciben otros beneficios sociales hay todavía
un 18,7% de ellos y un 29,1% de los hogares pobres que no reciben
ninguno. También es para celebrar que la ley de financiamiento
educativo haya logrado el objetivo, también con gran apoyo social,
de superar el 6% del PIB de inversión en educación. Pero su
eficacia en lograr resultados ha sido pobre. Tanto en la escuela
primaria como en la secundaria la calidad de los aprendizajes en la
Argentina ha caído en los últimos 15 años del primer o segundo
lugar en América Latina a entre el cuarto y el octavo según pruebas
y niveles. Tampoco ha sido satisfactoria la ampliación de la
cobertura, porque aunque aumentó bastante en la educación inicial
todavía quedan más del 40% de los chicos de 3 y 4 años -en su
enorme mayoría de bajos ingresos-fuera de esas salas, y la
escolarización de los de 12 a los 24 años subió apenas de 60,5% a
61,7% entre 2001 y 2010. Groseros sesgos de cobertura se encuentran
también en la discrecionalidad de la distribución de fondos entre
provincias o municipios en la mayoría de los programas sociales, por
ejemplo Techo Digno, Argentina Trabaja o Seguridad Alimentaria. La
“regla” es clara: los más amigos o candidatos a serlo reciben
más ¿Y el federalismo? Muy mal, gracias, y así nos va.
Será
imposible mantener en el futuro tales niveles de gastos y recursos,
salvo milagros en el precio de la soja y si la Argentina no vuelve a
crecer al 5% o 6% anual. Sin cambios pro-desarrollo en la política
económica, que no se avizoran, se caerá también este último
bastión del modelo kirchnerista, el del gasto público justiciero.
Pese a tan cruda realidad la impiadosa apuesta del gobierno es tratar
de que la hora de la verdad no llegue antes del 2015, quizás
esperando que otro se haga cargo entonces e ignorando los importantes
costos sociales que ocurrirán si no se corrige rápidamente este
rumbo. Ante tamaño desafío es magro consuelo la reactivación en
curso que, como se preveía, se ha acentuado en el segundo semestre
pero cuya continuidad dependerá también, y mucho, de la política
de aquí en más.
Juan
J. Llach