La seguridad ciudadana en los últimos años se ha convertido
en uno de los temas más importantes para todos y cada uno de los ciudadanos,
hallándose la demanda por mayor seguridad en el máximo de los reclamos de la
población a los gobernantes.
Deviene entonces necesario, desarrollar estrategias locales
de prevención integral del delito y la delincuencia, a efectos de dar solución
a los problemas diarios y cotidianos que afectan la convivencia y la seguridad
ciudadana.
En este contexto, las policías a nivel municipal constituyen
instrumentos de gestión a ser implementados a través de un “plexo normativo que
exige la garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas
o delictivas. Este cúmulo de derechos está integrado por el derecho a la vida,
el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a las
garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes, entre otros”.
(1)
Es indudable que los delitos que en mayor parte afectan la
vida cotidiana son de naturaleza propiamente local, como por ejemplo robo con
violencia, violencia familiar y de género, verificado tanto a nivel de
estadísticas, como de percepción de temor y victimización.
A mi criterio ello obedece a dos razones: la primera, al
fracaso, por parte del Ministerio de Seguridad, para desarrollar tareas disuasivas
del delito basado en la proximidad y en la investigación criminal. La segunda,
a la implementación ineficaz de políticas sociales para prevenir factores de
riesgo que inciden sobre los menores de edad más vulnerable y/o en conflicto
con la ley penal.
El asesinato ocurrido en la Ciudad de Junín, para citar sólo alguno de los
muchos que ocurren a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos
Aires, exige abocarse seriamente a la implementación de un modelo de policía
comunitaria, cuyo objetivo sea buscar la disminución de los índices delictivos
y la percepción de una mayor seguridad en los barrios, sobre una acción
policial de base local orientada a la solución de problemas y respaldada por
una adecuada información delictual y criminológica y acciones socio educativas
integrales concentradas en la prevención social temprana de la violencia.
En razón de ello propongo, desde el bloque del Frente
Renovador Peronista, un modelo de policías comunitarias donde la policía y la
comunidad trabajen unidas, desarrollando respuestas adecuadas para solucionar
los problemas de delincuencia y la violencia en sus diferentes manifestaciones,
y que se cuente con el financiamiento adecuado para su implementación.
De ahí, sostener estrategias y acciones básicas: la policía
comunitaria no es únicamente un mecanismo para mantener ‘buenas relaciones’ con
la comunidad, ni su labor consiste únicamente en auxiliar a personas en
situaciones difíciles. Es decir, la policía comunitaria no es meramente ‘un
cuerpo de policía amable’ que da un trato cortés a las personas, ni tampoco es
‘un oficial de policía comprometido con la ciudadanía’. Un oficial de policía
comunitaria trabaja en una organización que da prioridad a la participación
ciudadana, y que rinde cuentas al público por sus acciones.
En consecuencia, se debe trabajar con responsabilidad en la
creación de un modelo de policía comunitaria mediante el desarrollo e
implementación de acciones focalizadas en la prevención de la violencia,
incluyendo violencia juvenil y doméstica.
(1) Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”. Párrafo 32.
Diciembre, 2009.