Gobierno empezó a definir proyectos para "democratizar" la Justicia


La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo encuentros con Julio Alak, ministro de Justicia; Julián Álvarez, secretario de Justicia; y con Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica, en los que empezó a delinear la redacción de los proyectos de reforma de la Justicia anunciados a fines de la semana pasada.
Durante las reuniones con los funcionarios, que mantuvo por separado en la tarde de ayer en la quinta presidencial de Olivos, la mandataria repasó los anuncios que realizó el viernes, durante la inauguración del período ordinario de sesiones legislativas. La intención del Gobierno sería que los proyectos no dejen ningún frente abierto a posibles presentaciones judiciales de inconstitucionalidad, por lo que la presentación de las propuestas podría demorarse algunas semanas.
Según trascendió, la Casa Rosada estaría dispuesta a realizar consultas con juristas y una vez que la redacción de las iniciativas esté definida, la mandataria volvería a revisar los proyectos antes de girarlos al Congreso. Eso se produciría luego del viaje a El Calafate que hará Cristina Fernández de Kirchner este jueves, en donde se reunirá con Dilma Rousseff, presidenta de Brasil.
Las reformas se harían a través de al menos tres proyectos, para los que el oficialismo contaría con los votos necesarios para convertirlos en ley, por lo que las mayores dificultades que podrían afrontar las normas serían las presentaciones judiciales que generen una vez aprobados, apuntó el diario Ámbito Financiero.
En el caso de la eliminación de la exención del pago del impuesto a las Ganancias, el Gobierno contaría con el apoyo de amplios sectores de la oposición, que no cuestionan la medida, aunque sí su intencionalidad. Pero la aplicación de ese impuesto a los magistrados ya había sido aprobada por el Congreso y la Corte lo había rechazado a través de una acordada, por lo que ahora el texto deberá redactarse de manera tal de evitar cualquier cuestionamiento judicial.
En cambio la reforma del Consejo de la Magistratura, que propone que sus integrantes sean electos y que estén incluidos en las listas de candidatos de cada partido, eliminaría la representación de jueces y abogados.
Al mismo tiempo, se presentará un proyecto para crear tres nuevos tribunales de casación, para los tribunales de Contencioso Administrativo; Previsional y Laboral; y Civil y Comercial.
De los proyectos anunciados por la Presidenta, el que genera mayor resistencia es el que propone modificar el régimen de amparo. En ese caso se podrían presentar declaraciones de inconstitucionalidad de inmediato, por lo que la Casa Rosada estaría estudiando modificar la reglamentación del sentido de los amparos en cuanto a su sentido devolutivo o suspensivo, lo que cambiaría el efecto de esas medidas.
Otra de las propuestas enmarcadas por la Presidenta en el proceso para "democratización" de la Justicia que el ingreso a Tribunales por concurso.