LA SEMANA EN POCAS PALABRAS
En abril, el superávit primario cayó un 46% con respecto a igual mes de 2011, resultado de un nuevo crecimiento del gasto primario superior al de los ingresos (30% vs 26% a/a), incluyendo los recursos extraordinarios aportados por el Banco Central y la ANSES.
Los ingresos “genuinos” del sector público se desaceleraron bruscamente, con una suba en línea con la tasa de inflación, sin mejoras en términos reales. Una señal más de la desaceleración económica en marcha. Los gastos también registraron una moderación, aunque menos marcada, con gastos de capital creciendo 38% a/a, jubilaciones 36%, remuneraciones 34% y el déficit de las empresas públicas escalando un preocupante 120%.
El gobierno nacional está federalizando el ajuste fiscal. La principal variable del ajuste del gasto nacional pasó por la reducción de las transferencias corrientes a provincias, que cayeron 15% a/a en abril, acumulando un alza de apenas 7% en lo que va del año.
En este escenario de “rienda corta” en las transferencias, se enmarca la reforma impositiva que tiene hoy en vilo a la Provincia de Buenos Aires, con el revalúo fiscal de campos por decreto como punta de lanza de un paquete más amplio, el cual incluirá subas en Ingresos Brutos para comercios, telefónicas y operadores de TV por cable. Irónicamente, el revalúo provincial terminará aumentando los recursos del Tesoro Nacional por unos $2.500 millones, vía mayores pagos de Bienes Personales y Renta Mínima Presunta.
Estos últimos recursos serían fundamentales para compensar el costo fiscal para el gobierno nacional de la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias (aunque parte de ese recorte de ingresos se transfiere a las provincias). Según nuestras estimaciones, la pérdida de recursos por una suba del 20% en el mínimo no imponible rondaría los $3.000 millones anuales. El Gobierno Nacional afrontaría algo más de la mitad del costo de la medida, mientras que el resto recaería en las provincias.
Con todo, el primer cuatrimestre del año finalizó con un déficit financiero de unos $7.000 millones, siendo las fuentes de financiamiento conocidas: ANSES, Banco Nación y, fundamentalmente, emisión monetaria del Banco Central, con sus consiguientes efectos inflacionarios. Hoy el impuesto inflacionario aporta 2% del PIB a los ingresos del gobierno nacional, casi lo mismo que otros tributos tradicionales.