El ministro de Justicia, Julio Alak, participará esta semana en Roma de una reunión plenaria del GAFI, en la que pedirá a ese organismo que envíe una misión al país para verificar los avances de la Argentina en la lucha contra el lavado de dinero y concluir el proceso de seguimiento intensivo activado en 2010.
"Hemos cumplido plenamente con el Plan de Acción que presentamos en febrero de 2011, aprobado inclusive por el Grupo, para superar las deficiencias detectadas en forma previa", aseguró el ministro, para quien en ese marco "la Argentina aspira al pronto reconocimiento de los progresos realizados, a partir del despliegue de numerosas acciones políticas e institucionales, destinadas a consolidar la aplicación concreta de las reformas normativas".
Además, adelantó el ministro, "vamos a ratificar la condena a los paraísos fiscales, que distorsionan el funcionamiento financiero global y encubren maniobras de evasión en perjuicio, particularmente, de países en desarrollo".
Además de Alak participarán en el plenario del GAFI en Roma el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella; el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, y el director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli.
Según el ministro, el Plan de Acción permitió en el último año y medio "cumplir con gran parte de las 16 recomendaciones claves para el GAFI", comenzando por la reorganización del sistema antilavado en cabeza de la UIF y el fortalecimiento de este último organismo.
También hubo resoluciones para reordenar el sistema de prevención y sanción de los sujetos obligados y se modificó el Código Penal en materia de lavado de dinero (ley 26.683).
Alak destacó la unificación registral a nivel nacional y el dictado de resoluciones y readecuaciones administrativas de los organismos de fiscalización y control: Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros, Banco Central y AFIP.
Además se sancionaron las leyes 26.733 y 26.734, que incorporaron al Código Penal nuevas figuras en materia de delitos económicos, principalmente vinculados al sector financiero, y un agravante genérico para los delitos cometidos con finalidad terrorista.