El magistrado federal decidió unificar los expedientes por enriquecimiento ilícito e irregularidades en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone, que involucran al vicepresidente de la Nación. Además, ordenó ampliar la investigación sobre él y su entorno con nuevas medidas. El fiscal Jorge Di Lello quedará a cargo de la causa. El allanamiento en Puerto Madero fue considerado "válido", adelantaron fuentes judiciales a Infobae.com
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El juez federal Ariel Lijo resolvió hoy unificar las causas que involucran al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por enriquecimiento ilícito e irregularidades en el levantamiento de la quiebra de la imprenta de papeles de seguridad Ciccone (ver resolución).
En la misma resolución, el magistrado ordenó profundizar la investigación del patrimonio de los imputados en ambas causas, al declarar la conexidad de las investigaciones.Asimismo, confirmó la validez del allanamiento que se realizó en un departamento propiedad de Boudou, en Puerto Madero (ver resolución).
Entre las medidas de prueba dispuestas, el juez le solicitó a la AFIP que gire las declaraciones juradas presentadas por todas las personas que están siendo investigadas, entre las que también se encuentra el empresario Alejandro Vandenbroele.
También se pidieron datos sobre los bienes (inmuebles, autos, embarcaciones yaviones) que poseen los imputados en distintas jurisdicciones, información sobre sus antecedentes en emprendimientos comerciales e información financiera que administran el Banco Central de la República Argentina, la Anses, y la UIF (ver resolución).
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae.com que el fiscal Jorge Di Lello continuará a cargo de ambas investigaciones y que la recusación planteada por uno de los imputados contra el fiscal Carlos Rívolo quedó "abstracta" (ver resolución).
De esta forma, Rívolo, quien fue recusado por el abogado Diego Pirota –representa aJosé María Núñez Carmona, amigo del vicepresidente Boudou–, quedó fuera de la investigación.
El fiscal Rívolo había sido recusado por violación del secreto de sumario al difundir detalles del allanamiento que el entonces juez del caso, Daniel Rafecas, ordenó en el departamento de Puerto Madero.
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