CCOO afirma que la decisión de Argentina contrasta con la de los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Brasil que han alcanzado acuerdos con Repsol para seguir con la actividad industrial y las inversiones en sus respectivos países. Por su parte, UGT dice que la expropiación de YPF afectará al plan industrial de Repsol, al conjunto de su estrategia y a su capacidad de afrontar otros proyectos, lo que redundará negativamente en la creación de empleo.