La cerealera Alfred Toepfer canceló la deuda de 33,6 millones de dólares que tenía con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre capital e intereses por la diferencia de lo que pagó y lo que debía pagar en concepto de derechos de exportación de soja en los últimos meses de 2007, cuando la alícuota de la oleaginosa pasó del 27 al 35 por ciento.
La deuda que reclamaba el organismo recaudador se basó en la ley 26.351, que le permitió al Estado obligar a los exportadores de granos y oleaginosas a pagar la diferencia entre los derechos pagados y lo que deberían haber pagado al momento del embarque.
En ese sentido, un mes antes de que se efectivizara la suba de la alícuota ya corrían rumores sobre esa medida por lo que los exportadores anotaron miles de ventas para que se les cobre el porcentaje más bajo.
Pero el Gobierno nacional denunció esas maniobras y a través de la ley conocida como Martínez Raymonda, se les exigió a las cerealeras que demostraran la tenencia, propiedad o adquisición de la mercadería a exportar en el mismo momento en el que presentaran la declaración jurada de venta externa.
Y en caso de que la empresa no pudiera hacerlo, la ley establecía que se le aplicara el derecho de exportación más alto al momento del embarque.
Eso fue lo que le sucedió, según la entonces Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) a la firma Toepfer. En ese momento la empresa pagó el total del capital reclamado y ahora pagó los intereses, con lo que se cerró el litigio, según informaron fuentes oficiales.
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