Oficialismo y oposición acordaron sancionar este miércoles el proyecto de ley que incorpora el lavado de dinero como un delito autónomo al Código Penal.Y para subsanar los errores con los que se aprobó el proyecto en la Cámara de Diputados, los legisladores sancionarán esta semana además, una ley correctiva que ya estaría lista y que le quitaría presión a abogados, contadores, fabricantes y distribuidores, que quedan complicados con la norma que se aprobará el miércoles.Con eso, los legisladores buscarán reparar los errores sin incluir modificaciones al proyecto girado desde la Cámara de Diputados, para evitar que la norma vuelva a esa Cámara y se demore su aprobación.El apuro tiene que ver con la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se realizará el 20 de junio en México, a la que el Gobierno pretende llevar la aprobación de la ley como un avance en la lucha contra el lavado de dinero y evitar así las sanciones e inclusive la expulsión de Argentina del Grupo.Para elaborar la ley antilavado, oficialismo y oposición estuvieron negociando durante meses una reforma a la Unidad de Información Financiera (UIF).Diez días atrás Julio Alak, ministro de Justicia, les pidió a los senadores que aprobaran la ley durante una reunión de comisión en la que empezó a elaborarse el dictamen del proyecto.Mañana a las 14 se reunirá la Comisión de Justicia del Senado para firmar el dictamen y el jueves 2 de junio volverá a reunirse para presentar la ley correctiva.La iniciativa oficial, aprobada en Diputados a principios de mayo, contempla la incorporación del lavado de dinero como delito autónomo en el Código Penal, por lo que ya no deberá probarse la existencia de otro delito previamente. Ese requisito impide hasta ahora que se investigue el "autolavado".La norma otorga nuevas facultades a la UIF y eleva las multas a aplicar por ese delito a 300.000 pesos. También se fija que quien realiza una maniobra de lavado de dinero por una cifra inferior, tendrá la misma pena que el encubridor.El texto de la norma contempla la autarquía y autonomía financiera de la UIF, y le impide presentarse como querellante en las causas judiciales.
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